Suman mil 500 casos de discriminación contra personas con discapacidad
México, 10 de julio/Notimex. La presidenta del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred), Alejandra Haas Paciuc, informó que de 2012 a la fecha, este organismo ha atendido mil 500 casos de discriminación contra personas con alguna discapacidad.
La discriminación es un problema estructural que se presenta de manera reiterada, no son hechos aislados, sino repetitivos que se realizan de manera involuntaria, excluyendo a las personas y a ciertos grupos, lo que constituye una vulneración a sus derechos fundamentales, explicó.
En el marco del Primer Encuentro Nacional de Mecanismos de Monitoreo de la Aplicación de la Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad, detalló que la brecha salarial entre personas con y sin discapacidad de la misma edad, ocupación y preparación académica puede ser de hasta 151 por ciento.
Lo anterior, al recordar un estudio publicado por el Conapred en 2017, que reveló que por cada cien pesos que gana una persona con discapacidad, una persona sin discapacidad puede llegar a ganar 251 pesos.
Además, las mujeres con discapacidad enfrentan situaciones particulares que vulneran sus derechos, como lo muestra una encuesta efectuada entre habitantes de la Ciudad de México, en 2015, que arrojó que 42 por ciento de las entrevistadas habían sido sometidas a procedimientos de esterilización sin que estuvieran enteradas, añadió al dictar la conferencia No Discriminación.
Haas Paciuc refirió que uno de los mayores retos para eliminar la discriminación estructural hacia las personas con discapacidad es realizar diagnósticos más precisos que permitan elaborar políticas públicas funcionales que puedan ser evaluadas.
Para ello, se necesitan fuentes de información confiables, ya que aún no hay datos precisos, tal como sucede en materia laboral, pues sin datos desagregados por población, será difícil que se atiendan los problemas más urgentes que enfrenta este sector de la sociedad.
En este marco, indicó que las Comisiones Estatales de Derechos Humanos deben relacionarse y consultar a las personas con discapacidad para atender sus necesidades más apremiantes y lograr su empoderamiento.
