El año 2018, un descenso a los infiernos para Lula da Silva
Heriberto Araújo. (Corresponsal). Río de Janeiro, 26 de diciembre/Notimex. Considerado el presidente de Brasil más popular de la historia al dejar la jefatura de Estado en 2011, Luiz Inacio Lula da Silva vivió en 2018 su peor año tras ingresar en prisión por una condena a 12 años y un mes por corrupción que, además, le dejó fuera de las elecciones.
Lula da Silva, de 73 años de edad, pasó su primera Navidad en una cárcel en la ciudad de Curitiba, al sur de Brasil, después de que todos los recursos que sus abogados presentaron fracasaran ante las diversas instancias judiciales.
En diciembre el Supremo Tribunal Federal de Brasil (STF) debía juzgar un pedido de habeas corpus después de que el expresidente alegara ante la mayor corte del país que el juez Sergio Moro, quien aceptó ser ministro de Justicia en el gobierno de Jair Bolsonaro, le condenó por razones políticas.
En su pedido presentado ante el STF, los abogados del exmandatario –inhabilitado políticamente cuando lideraba las encuestas para las pasadas elecciones presidenciales- aseguran que el juez Moro fue parcial en su condena y actuó para dejarlo fuera de los comicios de octubre pasado.
“Hubo manifiestas ilegalidades y arbitrariedades contra el paciente [Lula da Silva] con el objetivo de afectar a su imagen y su reputación”, según la defensa, que acusó a Moro de “clara parcialidad y motivación política en los actos de persecución” contra el exmandatario.
Sin embargo, la sesión del STF fue suspendida por petición de uno de los cinco jueces de la segunda sala del tribunal y no será hasta 2019 que se falle el recurso.
En cualquier caso, dos de los cinco jueces ya habían expresado su voto, contrario al recurso del expresidente de Brasil, lo que indica que será difícil que pueda salir de la cárcel.
En un año en que el Partido de los Trabajadores (PT) perdió la primera de las últimas cinco elecciones brasileñas, no solo los derechos políticos de Lula da Silva se vieron afectados, también su reputación, ante acusaciones que le señalan como partícipe de varias tramas de corrupción, compra de votos políticos y lavado de dinero.
Su exministro de Hacienda, Antonio Palocci, colaborador de la Justicia en el marco de la Operación Lava Jato, reveló que el expresidente habría concedido beneficios fiscales a montadoras de autos a cambio de coimas para su hijo, Luís Claudio Lula da Silva.
La cantidad habría sido de 2.5 millones de reales que un consultor, Mauro Marcondes, habría pagado a la empresa LFT Marketing Esportivo, del hijo de Lula da Silva.
Ese pago habría sido resultado, según Palocci, de renovar una enmienda parlamentaria que extendía los beneficios fiscales concedidos a las empresas de autos asiáticas Caoa y Mitsubishi.
