Aprueban en lo general, reformas constitucionales para crear la Guardia Nacional
Ciudad de México. La Cámara de Diputados aprobó, en lo general, con 362 votos a favor, 119 en contra y cuatro abstenciones, el dictamen que reforma diversas disposiciones de la Constitución Política, en materia de Guardia Nacional.
Para su discusión en lo particular, se reservaron los artículos 13, 16, 21, 55, 73, 76, 82 y 89, así como los transitorios primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo y adición de un artículo transitorio.
Las reformas a los artículos 13, 16, 21, 31, 32, 36, 55, 73, 76, 78, 82, 89 y 123 de la Carta Magna señalan que la Federación contará con una institución policial de carácter y dirección civil denominada Guardia Nacional, responsable de las tareas de seguridad pública para la salvaguarda de la vida, libertad, integridad y el patrimonio de las personas, la preservación de los bienes y recursos de la Nación, así como de colaboración con las entidades federativas.
El dictamen indica que las instituciones de seguridad pública, incluyendo la Guardia Nacional, serán de carácter civil, disciplinado y profesional. Establece que la ley determinará la estructura orgánica de la Guardia Nacional adscrita a la secretaría del ramo de seguridad y tendrá una Junta de Jefes de Estado Mayor compuesta por integrantes de dependencias de los ramos de Seguridad, Defensa Nacional y Marina.
La Guardia Nacional se constituirá, desde su entrada en vigor, con los elementos de las policías Federal, Militar y la Naval que determine en acuerdos de carácter general el Presidente de la República. En tanto se expida la ley respectiva, la Guardia asumirá las funciones previstas en el artículo 2 de la Ley de la Policía Federal, con la gradualidad que se requiera para asegurar la continuidad de operaciones y transferencia de recursos humanos, materiales y financieros que correspondan, se precisa en los artículos transitorios.
De igual forma, el Ejecutivo federal dispondrá lo necesario para la incorporación de los elementos de las policías Militar y Naval a la Guardia Nacional y los designará a los integrantes de los órganos de dirección superior de dicha corporación.
Asimismo, se garantizará que los elementos de las policías Militar y Naval, la Fuerza Armada y la Policía Federal, asignados a la Guardia Nacional, conserven su rango y prestaciones.
El dictamen establece que la dependencia del ramo de Seguridad formulará el programa nacional en la materia, así como los respectivos programas operativos, políticas, estrategias y acciones. Mientras que la de Defensa Nacional, conforme a la ley, dispondrá lo necesario para que la estructura jerárquica, disciplina, régimen de servicios, ascensos, prestaciones, ingreso, profesionalización y el cumplimiento de las responsabilidades y tareas de la Guardia Nacional estén homologados a los que se aplican en el ámbito de las Fuerza Armadas.
Subraya que la formación, capacitación y el desempeño de los integrantes de la Guardia Nacional se regirán por una doctrina policial fundada en la disciplina, el acatamiento de las órdenes superiores, el respeto a los derechos humanos y la perspectiva de género en el ejercicio de sus funciones.
También se indica que los delitos cometidos por elementos de la Guardia Nacional en el ejercicio de sus funciones serán conocidos por la autoridad civil competente, en tanto que las faltas y delitos contra la disciplina militar se atenderán por las autoridades y tribunales militares que correspondan.
Precisa que cualquier persona que sea detenida deberá ser puesta a disposición en instalaciones de las autoridades civiles que correspondan.
Las reformas también señalan que el Ministerio Público y las instituciones policiales de los tres órdenes de gobierno deberán coordinarse entre sí para cumplir los objetivos de la seguridad pública y conformarán el Sistema Nacional de Seguridad Pública, que estará sujeto a la base mínima del establecimiento de un sistema nacional de información en seguridad pública al que las entidades federativas y los municipios, a través de sus órganos de policía, tendrán que suministrar la información de que dispongan en la materia, conforme a la ley.
Además, se faculta al Congreso de la Unión a expedir las leyes sobre la organización, disciplina, profesionalización, operación y evaluación de la Guardia Nacional. Asimismo, a expedir la ley general del uso legítimo de la fuerza y la ley nacional del registro de detenidos, garantizando el respeto de los derechos humanos.
Será facultad exclusiva del Senado analizar el informe anual que el Presidente de la República le presente sobre las actividades de la Guardia Nacional.
En los artículos transitorios se señala que el decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, y 90 días después el Congreso de la Unión expedirá la Ley de la Guardia Nacional. Asimismo, a los 120 días siguientes de la entrada en vigor, emitirá las leyes que reglamenten el uso legítimo de la fuerza y el registro nacional de detenciones.
Al fundamentar el dictamen, la presidenta de la Comisión de Puntos Constitucionales, diputada Miroslava Carrillo Martínez (Morena), detalló que las modificaciones sustantivas que se realizaron fueron en los siguientes aspectos: la dirección de la Guardia Nacional debe recaer en una autoridad de carácter civil; deben quedar intocadas las competencias propias de los ámbitos federal, estatal y municipal en materia de seguridad pública y fortalecerse los mecanismos de colaboración entre los tres niveles de gobierno.
Asimismo, establecer una ruta de fortalecimiento de los cuerpos policiacos; garantizar que la Guardia Nacional tenga formación y capacitación específica para la función policial, incluyendo el uso proporcional de la fuerza, el respeto a los derechos humanos y la perspectiva de género; contemplar mecanismos de control político y jurisdiccional de las actividades de la Guardia Nacional, así como evaluación de su desempeño.
Comentó que derivado del interés expresado de las audiencias públicas convocadas por la Junta de Coordinación Política, así como los esfuerzos para lograr incluir las distintas inquietudes y posiciones de los grupos parlamentarios respecto del análisis del dictamen, la Junta Directiva de la Comisión acordó modificar el dictamen.
Destacó que esta reforma a la Constitución tuvo un proceso genuino de participación democrática, “que en la historia constitucional de nuestro país fija un precedente en su materia”.
En las audiencias públicas se escucharon a legisladores, organismos nacionales e internacionales de derechos humanos, especialistas, académicos, organizaciones de la sociedad civil y servidores públicos.
Explicó que esta reforma tiene el objetivo de atender la emergencia que existe en el país en materia de seguridad. Agregó que la inseguridad y corrupción en México son dos temas torales que han puesto al Estado y a las instituciones en una grave crisis, en una situación de emergencia que ya trastocó la paz pública y la vida social en nuestro país.
En los posicionamientos, el diputado Mario Delgado Carrillo (Morena) mencionó que hoy se le da respuesta al mayor reclamo de las y los mexicanos, que es la espiral creciente de violencia, sangre y muerte en la que está envuelto el país. “No tenemos tiempo ni la oportunidad de fallar; no podemos negarle a 40 mil elementos de las fuerzas armadas que puedan integrar una nueva institución, con mejor mandato, preparación, responsabilidad y obligaciones”.
La Guardia Nacional, añadió, será una institución policial y de alcance nacional, con carácter civil, disciplina militar y preparación policial en derechos humanos y equidad de género; no será un instrumento para reprimir manifestaciones, marchas y protestas sociales. De aprobarse, se terminaría con la simulación constitucional en que se ha estado desde hace doce años con el Ejército en las calles. Además, pidió a los partidos que no comparten este dictamen que “no le pidan a sus gobernadores que no acepten la Guardia Nacional porque pondrían en riesgo la seguridad de sus habitantes”.
Jorge Romero Herrera, diputado del PAN, advirtió que esta reforma constitucional representa un incalculable riesgo y amenaza real que sobrepasa el ámbito de la seguridad pública y que podría atentar contra el sistema de libertades. “No estamos en contra de que se exploren nuevos modelos y buscar otras formas para combatir la inseguridad y lograr disminuirla, pero no es con la militarización de la seguridad pública”.
Sostuvo que esta reforma representa el principio para que después empiece el desmantelamiento de todas corporaciones policiacas del país. El dictamen, agregó, no contempla ninguna mención a una coordinación con los estados y municipios. “A quién quieren engañar, esta habrá de ser una Guardia Nacional militar, castrense; simulan que es civil, pero no lo es; quieren hacer del Ejército un Ministerio Público; no se mencionan los requisitos que se tienen que tener para ser policía”.
Por el PRI, el diputado Rubén Ignacio Moreira Valdez, expresó: dado que México reclama la paz, hoy se busca cambiar el paradigma con una institución que contribuya a ese objetivo, con carácter civil, doctrina policial, disciplina y compromiso social para que enfrente el reto de “traer tranquilidad a las grandes ciudades, a los caminos, a las carreteras y a las pequeñas poblaciones; en la conformación de la Guardia Nacional se quiere reflejar la paz. Nosotros hoy le presentamos a México una nueva Guardia Nacional y lo hacemos convencidos de que la nación merece la oportunidad de la paz”.
Dicha institución, dijo, se construyó bajo el mando y la tutela de civiles, se organiza y coloca dentro de una dependencia civil y la responsabilidad máxima de su conducción será civil. “En nuestro voto está el compromiso para construir una mejor patria; votamos una institución que esperamos sea exitosa para el Estado. No regatearemos nada al esfuerzo de paz y para lograr ese anhelo requerimos, además de la Guardia, políticas que reconstruyan el tejido social, fortalecer a las policías estatales y municipales, y mayor voluntad política”.
Por su parte el legislador Iván Arturo Pérez Negrón Ruiz (PES) señaló que la Guardia Nacional será una institución policial de carácter y dirección civil que se inscribe bajo la rectoría de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Asimismo, tendrá por objeto la salvaguarda de la vida, libertad, integridad y el patrimonio de las personas, así como la preservación de los bienes y recursos de la nación.
Indicó que el Congreso de la Unión se constituye como factor fundamental no sólo para regular la organización, disciplina, profesionalización, operación y el uso legítimo de la fuerza a efecto de garantizar la protección de los Derechos Humanos, sino también para disolver a la Guardia teniendo la capacidad de analizar y vigilar sus actividades, así como la congruencia entre objetivos y resultados a fin de evaluar su adecuado funcionamiento.
El diputado Silvano Garay Ulloa (PT) comentó que el procedimiento de la Comisión de Puntos Constitucionales y de la Junta de Coordinación Política para que vinieran los gobernadores, representantes, activistas, alcaldes o expertos debe ser ejemplo para que se siga haciendo lo mismo con otros temas. Ha sido el contenido más discutido en foros, y hay que decirlo “llegamos con un dictamen que se aprobó y salimos con otro diferente”, es por ello que apoyamos la modificación presentada.
Dijo que la Guardia Nacional fue instaurada en 1948 y se hizo porque el país tenía la amenaza de una invasión extranjera; sin embargo, hoy está resurgiendo, no por un suceso como el mencionado, sino porque el país está invadido por la delincuencia organizada y es necesario resolverla. “Queremos que de nueva cuenta las calles sean nuestras y la gente pueda salir con tranquilidad”.
Enseguida, la diputada Adriana Gabriela Medina Ortíz (MC) dijo que votará en contra porque se plantea un esquema militarista que perpetra una estrategia fallida a través de las perspectivas de reclutamiento, preparación, profesionalización e incentivos y mantiene la concentración de poder sin suficientes mecanismos de control legislativo.
Tampoco aporta una ruta real para fortalecer policías civiles y mantiene las condiciones de vulnerabilidad jurídica para las Fuerzas Armadas, por lo que pidió reflexionar el voto, legislar para desmilitarizar la seguridad pública y brindar un marco jurídico que dé certidumbre a militares. Asimismo, señaló que no incluye observaciones de las audiencias públicas y planteó abrir el debate para integrar las perspectivas de la sociedad al trabajo legislativo.
Del PRD, la diputada Frida Alejandra Esparza Márquez manifestó su voto en contra del dictamen al considerar que normaliza la actividad militar en labores de seguridad pública y establece un cambio constitucional que perpetúa policías militarizadas. “No es una alternativa real para solucionar la grave crisis humanitaria que sufre México”.
Además, dijo, contraviene los principios de la democracia, viola el pacto federal, toda vez que sustituye a gobiernos estatales en conducción de políticas de seguridad, y no establece mecanismos de control para el resguardo y protección de derechos humanos, además establece potestades para que militares intervengan directamente en procesos contra civiles.
Al fijar la posición del PVEM, el diputado Marco Antonio Gómez Alcantar, dijo que votarán a favor porque la Guardia Nacional estará sujeta al marco legal civil y no a las leyes militares. Precisó que la militarización de la seguridad pública empezó en 2006, por ello, esta reforma da un marco legal de actuación para los miembros del Ejército mexicano.
Puntualizó que el buen funcionamiento de las autoridades está vinculado a las normas jurídicas que tienen el objetivo de dar claridad y respaldo a las acciones que el gobierno realiza, por lo que este tema es importante para la estabilidad del país. “El problema de seguridad atañe a todos los partidos, no es solo de Morena ni la solución compete exclusivamente al gobierno federal; no podemos seguir otros seis años sin solucionarlo, por eso llamo a todos a aprobar el dictamen”.
Antes de los posicionamientos de los diputados, el Pleno rechazó dos mociones suspensivas presentadas por los legisladores María Guadalupe Almaguer Pardo (PRD) y Ricardo Villarreal García (PAN), quienes consideraron que se ignoraron las voces que denuncian los asesinatos de ciudadanos, y se desconoció el trabajo de la sociedad civil; además, que no se dio el procedimiento que corresponde a toda reforma constitucional, y no hubo declaratoria de publicidad, adujeron
Al hablar en pro del dictamen, la diputada María Guillermina Alvarado Moreno (Morena), puntualizó que valores como el honor, lealtad y patriotismo son el método más efectivo para mantener el orden y cumplir deberes de Estado, lo que garantiza que la Guardia Nacional será incorruptible y apegada al respeto de los derechos humanos, igualdad de género y uso legítimo de la fuerza. “La ciudadanía exige luchar por ellos, por eso, los convoco a votar a favor porque estoy segura que todos queremos un mejor país, ir en contra de la Guardia Nacional será estar en contra de los mexicanos”.
De Movimiento Ciudadano, la diputada Martha Angélica Tagle Martínez, expresó que su fracción parlamentaria está en contra de la militarización de la seguridad porque para sentir protección no se requiere de armas, de fuerza y ni de más violencia. “Hay evidencias de que cuando las fuerzas militares intervienen en tareas de seguridad, los homicidios se han disparado hasta nueve por ciento. Por ello, la combinación de militares en esta materia es un coctel letal para la población. La Guardia Nacional no funcionará para garantizar la seguridad”.
La diputada María Alemán Muñoz Castillo (PRI) afirmó que la gravedad de la violencia requiere cuerpos preparados, y la disciplina con la que se forman los elementos de las fuerzas armadas aumenta las probabilidades de constituir un cuerpo policial sólido en el que la población confíe. “El grupo parlamentario no juega con la vida de las personas, ni regatea al gobierno federal su derecho a organizarse como considere. La fracción parlamentaria vigilará la coordinación entre los tres órdenes del gobierno en defensa del federalismo”.
La diputada panista Adriana Dávila Fernández, aseguró que nadie cuestiona el papel de las fuerzas armadas ni su fortaleza; sin embargo, en las conclusiones de las audiencias se manifestó que no se debía constitucionalizar la militarización. “Puedo entender que ante la luz de la legitimidad democrática piensen que están haciendo lo correcto, no obstante, tarde o temprano se darán cuenta que este dictamen va en contra de la ciudadanía”.
La diputada del PT, Ana Ruth García Grande, afirmó que la creación de la Guardia Nacional dotará de instrumentos legales que permitan realizar las tareas de preservación de la paz pública, bajo el mandato civil. Resaltó que después del parlamento abierto se modificó el dictamen para incluir las propuestas de los participantes, por lo que se pronunció a favor de su aprobación.
La diputada perredista, Mónica Bautista Rodríguez, se pronunció en contra y exhortó a los legisladores no olvidar que la disciplina militar que le asignan a la Guardia Nacional tiene por objetivo eliminar al enemigo sin importar las muertes colaterales. “No votemos por el dictamen pues es un híbrido, donde las manos, brazos y todo su actuar son militares, no creemos un monstruo y un verdugo del pueblo”.
En tanto, la diputada Juanita Guerra Mena (Morena) señaló que con la reforma se da un paso fundamental en el establecimiento de un mecanismo en el que la presencia del Estado en las regiones de mayor conflicto se perciba de manera inmediata. Afirmó que la Guardia es consecuencia del esfuerzo técnico y constitucional para generar una mayor seguridad en el país.
Por el PAN, el diputado Fernando Torres Graciano (PAN) dijo que este dictamen lo que hace es constitucionalizar y dar la permanencia absoluta de las tareas de seguridad pública para las fuerzas armadas a través de una extensión en la Guardia Nacional de las policías militar y la naval. Es la constitucionalización y la permanencia absoluta de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública que no es su función, no están para eso y no nos lo han pedido; por ello, se pronunció en contra.
El diputado Cruz Juvenal Roa Sánchez (PRI) anunció su voto a favor, al considerar que se tienen que dar resultados a las y los mexicanos, y brindar más elementos y herramientas a la policía estatal y municipal que se enfrentan a la delincuencia; profesionalizarlos y adquirir más armamento y patrullas para que puedan enfrentar este “cáncer que está afuera”.
Por MC, la diputada Julieta Macías Rábago indicó que el proyecto para crear la Guardia Nacional nació torcido y pone en riesgo al tejido social, la seguridad y la paz. Planteó construir policías fuertes, con parámetros, plazos y principios para que sean confiables, honestas profesionales e involucradas en sus comunidades. “La militarización no regresará la paz, al contrario, arriesga los derechos humanos y libertades civiles amenazadas con esta reforma”, puntualizó.
La diputada Esmeralda de los Ángeles Moreno Medina (PES) afirmó que es de extrema urgencia construir nuevas instituciones que coadyuven a combatir la inseguridad pública. Añadió que en este proyecto no hay militarización, sino una institución policial civil para preservar seguridad de las mexicanas y mexicanos. Consideró un acierto reglamentar la reforma constitucional en las leyes de la Guardia Nacional, la General del Uso Legítimo de la Fuerza y la Nacional del Registro de Detenidos.
Del PAN, la diputada Lizbeth Mata Lozano indicó que para combatir el problema de inseguridad se debe fortalecer a las policías civiles, estatales y municipales, mejorar sueldos, y darles más herramientas para realizar sus labores, pero con este dictamen se les desplaza y fortalece a la milicia, no a la prevención ciudadana. Además, no se habla del mayor problema, que no es la delincuencia nada más, sino la drogadicción que afecta a la niñez, jóvenes y sociedad en general. Propuso desarrollar una estrategia conjunta de combate a la delincuencia organizada.
Al fijar su posicionamiento a favor, el diputado Pablo Guillermo Angulo Briceño (PRI) señaló que los mexicanos demandan una estrategia que devuelva la tranquilidad a las familias, por lo que apoyarán la Guardia Nacional porque regresará la seguridad a la población. Asimismo, reconoció la labor de las mujeres y hombres que forman parte de las fuerzas armadas, que arriesgan su vida defendiendo a los mexicanos.
El legislador Alan Jesús Falomir Saenz (MC) dijo que dentro de las audiencias se escucharon puntos de vista de diferentes organismos quienes señalaron que la estrategia de la Guardia Nacional no le ayuda al país; sin embargo, sus opiniones no fueron tomadas en cuenta. “Se necesita un proyecto que profesionalice a las policías locales, las capacite y equipe, eso tendríamos que estar debatiendo aquí y que el Ejército respalde solamente estas acciones”.
Por su parte, el diputado Héctor Joel Villegas González (PES) indicó que ni el Ejército o la Marina deben seguir haciendo funciones policiacas; por ello, la creación de un nuevo cuerpo de seguridad pública profesional y entrenada es una solución impostergable. “Toca a las mexicanas y mexicanos que se van a incorporar a la Guardia Nacional, vivir los valores y disciplina, así como resolver el problema más grande del país que es la inseguridad”.
Verónica Juárez Piña, diputada del PRD, sostuvo que lo que aquí se presenta no es otra cosa, mas que la militarización de la seguridad pública. Se manifestó por escuchar a las víctimas de la violencia y de quienes han sufrido agravios a sus derechos humanos. Hizo votos por asegurar el pleno respeto a las garantías individuales, así como desarrollar y fortalecer a las instituciones civiles de seguridad pública.
El diputado Héctor Guillermo de Jesús Jiménez y Meneses (Morena) resaltó que se dota a la Guardia Nacional de todos los medios necesarios para llevar a cabo la labor de seguridad, que existirá dentro de un marco legal que delimitará puntualmente sus facultades a través de su Ley Orgánica. “La propuesta es acorde a los modelos internacionales en derechos humanos; tendrá mando de carácter civil y se garantiza la no militarización del país”.
Por el PAN, la diputada Janet Melanie Murillo Chávez destacó que militarizar al país no cumple con la función de protección y seguridad a las y los mexicanos, por el contrario, “contraviene a sus derechos humanos; reconocemos la patriótica función de las fuerzas armadas en la salvaguarda, pero consideramos que debería ser tarea de los cuerpos policiacos capacitados para ese fin: estamos a favor de un país en paz, pero en contra de implementar acciones que no garanticen su funcionalidad y violenten los derechos humanos”.
La legisladora María Roselia Jiménez Pérez (PT) afirmó que su fracción parlamentaria está a favor de las modificaciones al dictamen porque contribuirán a recuperar la seguridad de los mexicanos. “El país necesita limpiar tantas lágrimas con esperanza y en el respeto a los derechos humanos”.
La diputada Carmen Julia Prudencio González (MC) consideró que la Guardia Nacional tendrá legalidad, pero no legitimidad, ya que ésta se gana en consenso y eso no hay aquí. Subrayó que el dictamen en su forma es una insensatez jurídica y en el fondo es un abuso de poder. “Votaremos en contra porque significa la repetición de los errores de la guerra iniciada en administraciones pasadas”.
Del PRI, el diputado Benito Medina Herrera opinó que todo gobierno tiene el derecho de organizarse para atender la gobernabilidad, y en este caso, la inseguridad del país. Puntualizó que para atender el problema es necesario que la Guardia Nacional se coordine con las policías estatales y municipales, por lo que es requisito indispensable que se fortalezcan para que respondan a México y al pueblo.
El diputado Antonio Ortega Martínez (PRD) se pronunció en contra de constituir la Guardia Nacional al considerar que es contraria al espíritu y letra de la Carta Magna y de múltiples tratados internacionales signados por el país en materia de derechos humanos. “Es militarista, violenta el pacto federal; es centralista, renuncia a construir las instituciones policiales civiles y profesionales en los tres órdenes de gobierno que el país necesita y no representa una visión progresista e integral de la seguridad humana”.
En su turno, la diputada Nancy Claudia Reséndiz Hernández (PES) se manifestó a favor de la propuesta al estimar que urge intentar un enfoque novedoso que permita retirar definitivamente al Ejército y a la Marina de sus funciones de seguridad pública, que permita crear un cuerpo profesional, entrenado, con equipamiento suficiente y de respeto a los derechos humanos.
El diputado Jorge Arturo Espadas Galván (PAN) dijo que su grupo parlamentario está convencido de que el esquema de inseguridad que vive hoy el país requiere de acciones inmediatas y contundentes, pero que tienen que pasar por fortalecimiento de las policías civiles, municipales, estatales, federal y de los ministerios públicos; sin embargo, agregó, la reforma contempla dos mandos, uno civil-administrativo y otro militar-operativo.
