Isabel Ortega/Xalapa. A días de concluir el periodo ordinario de sesiones los diputados de la 65 legislatura tienen entre sus pendientes nombrar 12 magistrados del Tribunal Superior de Justicia (TSJE); reducir sus salarios; y validar reformas al código civil, que incluye el matrimonio igualitario.
Incluso, está en duda que se pueda lograr el consenso para autorizar al Ejecutivo la reestructuración de la deuda pública antes del 31 de julio, fecha en la que concluye el periodo ordinario, pues diputados de Morena están en contra de contratar nuevos créditos y aumentar de lo que se debe a bancos.
A pesar de que la mayoría en el Congreso evalúa de manera positiva los primeros dos períodos de sesiones de su primer año como diputados locales, la oposición reconoce que se legisla a modo. Apoyando algunas iniciativas de Morena, y relegando todo aquello que no conviene al interés de la izquierda.
También se reconoce que se abusó del discurso, ofreciendo “austeridad” en el gasto de los diputados que no se reflejó en su salario, sin embargo, el Presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso local, Juan Javier Gómez Cazarín, afirmó que se recortó en un 30 por ciento los ingresos de los legisladores.
El primero en opinar sobre la productividad del Congreso, fue el Presidente de la Junta de Coordinación Política, Juan Javier Gómez Cazarín, aseguró que han sacado leyes que, si bien no se comparan con otras legislaturas, si son de beneficio para la población.
Se dijo conforme con el trabajo realizado en los primeros nueve meses como diputados, “en este periodo se aprobaron iniciativas que influyen en el orden social de los veracruzanos, eso es más importante que hacer iniciativas en montón, que no ayudan ni afectan a los ciudadanos”.
“En este nuevo proceso legislativo, la Cámara ha estado aprobando iniciativas que de verdad han mejorado la situación de los veracruzanos”.
Reconoció que se tiene muchos otros temas pendientes, como el matrimonio igualitario, la austeridad, dar a conocer los resultados de la auditoría que se practicó en la pasada cámara, pero para poder votar ese tipo de iniciativas se requiere del consenso.
“Los tenemos presenten (los pendientes) y sabemos que hay que darle cause, pero primero tenemos que acordar con los diputados, y todo va a salir poco a poco”.
Comentó que aún analizan reducirse el salario, pese a que se logró un recorte de un 30 por ciento en beneficios y prebendas que recibían los legisladores.
Por su parte la coordinadora del PRI, Erika Ayala Ríos, si bien reconoció que algunas propuestas legislativas no son viables, se tienen que buscar mecanismos para poder agilizar el proceso de dictaminación.
El trabajo en este periodo -reconoció- se enfocó en sacar adelante muchos puntos de acuerdo, pero no así dictámenes, y es necesario equilibrar lo que se lleva al pleno.
“Sí, tenemos que buscar los mecanismos para que las que ya están se dictaminen (…) hay temas que son importantes y otros urgentes y emergentes, yo no los podría recategorizar, pero hay temas que en la medida en la que se apruebe se logran beneficios para el Estado”.
Reconoció que el letargo de los dictámenes no solo afecta al PRI o al PAN, incluso a Morena, que tienen varias propuestas en la congeladora, y hay algunas comisiones que si trabajan y si son productivas.
El coordinador de la fracción del Lado Correcto de la Historia, Gonzalo Guízar Valladares, consideró que habrá una mejora en las estadísticas de la productividad del segundo periodo, en relación con lo que hicieron de noviembre del 2018 a enero de este año.
Sin embargo, comentó que hay temas que no quedaron muy claros para los ciudadanos, incluso, dentro de las fracciones parlamentarias, pues nunca se dio a conocer el resultado de la auditoría que se practicó a la pasada cámara, ni del ahorro que se generó al reducir algunas prebendas económicas.
“Creo que es un reto de la presente legislatura, no abusar del discurso, no caer en demagogia, pues toda disminución en el gasto corriente de la burocracia -estatal o municipal-, es bienvenida, y es el reto de todos”.
Será responsabilidad de la sociedad el evaluar el trabajo de la Cámara en sus primeros meses de trabajo, pues sería un exceso de los legisladores el autoevaluarse de los “resultados” obtenidos, opinó el legislador.
