Reclasificación del feminicidio sería un retroceso
Juan Carlos Guzmán. Ciudad de México. La Comisión para la Igualdad de Género del Senado Mexicano no coincide y manifiesta su preocupación ante la propuesta de la Fiscalía General de la República (FGR) sobre la posibilidad de reclasificar el delito de feminicidio del Código Penal Federal.
Si bien el Senado de la República no ha recibido ninguna propuesta formal, la FGR ya fijó una postura institucional a través de un comunicado de prensa emitido la tarde de este martes donde sostiene que enfrentan una serie “condiciones, requisitos y circunstancias que complican inútilmente la judicialización del feminicidio”.
Aunado a que esta postura representa un retroceso en los derechos ganados para reconocer y visibilizar la máxima expresión de la violencia contra las mujeres, la Fiscalía parte de un diagnóstico equivocado ya que afirma que sólo 28 estados y la federación reconocen al feminicidio como delito, siendo realmente las 32 entidades del país que lo reconocen, junto con la federación.
La propuesta de la FGR busca considerar el asesinato de una mujer como homicidio calificado con agravante de feminicidio. Esta intención ya fue rechazada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) al resolver el amparo directo en revisión 5267/2014, donde declaró inconstitucional el primer párrafo del artículo 126 del Código Penal del Estado de Chihuahua, ya que esta redacción contraviene el derecho a la igualdad y no discriminación, considerados como fines a perseguir del Estado, por ello, aun cuando se busque garantizar a las mujeres una vida libre de violencia, el espíritu del artículo no permite alcanzar esos fines, ya que el homicidio es cometido por razones de género, señala la sentencia.
Además, la postura de la Fiscalía contraviene lo establecido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en su sentencia conocida como “Campo Algodonero” donde se afirma que los asesinatos de mujeres por razones de género deberán ser considerados como feminicidios.
Por lo tanto, la propuesta de la FGR podría incurrir en la inconstitucionalidad y contravenir mandatos internacionales que establecen la prevención, investigación y sanción de la violencia contra las mujeres y que obligan al Estado mexicano a atender las causas y consecuencias del mismo, particularmente el feminicidio.
Argumentar las dificultades que enfrentan las y los impartidores de justicia para calificar el delito, evidencia la enorme urgencia de seguir profesionalizando al sistema judicial mexicano en la protección, respeto y garantía de los derechos humanos de las mujeres y, lamentablemente, no expresa la obligación de salvaguardar el derecho a la justicia de las mujeres que se ha estancado hasta este momento.
