Isabel Ortega/El Demócrata. Como parte del acuerdo por el que se ordenó la desaparición de 29 juzgados locales, sólo trabajadores sindicalizados podrán ser reubicados en los juzgados del resto del estado.
En el caso de los jueces, trabajadores de confianza y personas sin profesionalización se concluyó su relación laboral con el Poder Judicial, se determina en el documento que se publicó este 30 de junio en la Gaceta Oficial del Estado número extraordinario 258.
“Por cuanto hace a los Jueces que ejercen la titularidad de cada juzgado que por medio de esta acta se acuerda su desaparición, no continuarán con la relación que los une con el Poder Judicial del Estado, en términos de la consideración “VII”, numeral “5”.
El Consejo de la Judicatura, atendiendo a las necesidades del servicio, capacidades, funciones, antigüedad y demás condiciones oportunas, determinará la nueva adscripción de los servidores públicos de base y sindicalizados que estuvieran laborando en los Juzgados que cierran.
Destaca que los trabajadores sindicalizados que se encontraban laborando en un Juzgado de Primera Instancia del anterior sistema de justicia penal, no deberán ser adscritos a Juzgados de Proceso y Procedimiento Penal Oral.
En el caso de los empleados de confianza que se encuentren adscritos a los Juzgados que con esta medida cierran, no deberán continuar con la relación laboral que tienen con la Institución, debido a que no gozan de la estabilidad en el empleo, por lo que, esta Entidad Pública se encuentra facultada para dar por terminadas las relaciones laborales sin responsabilidad alguna para la entidad.
En relación con los recursos humanos no basificados que estuvieran adscritos a los Juzgados que se acuerda su cierre, se da por terminada la relación laboral con el Poder Judicial, ante la conclusión de la prestación del servicio, al extinguirse los recintos judiciales que la hacían necesaria.
En relación con los recursos humanos no profesionalizados que estuvieran adscritos a los órganos jurisdiccionales que nos ocupan, se da por terminada la relación laboral con el Poder Judicial, independientemente de su naturaleza, por no ser acordes con los principios de profesionalización de los servidores públicos.
