Yhadira Paredes/Xalapa. Es urgente derogar todas aquellas leyes en el estado de Veracruz que criminalidad a las mujeres y armonizar aquellas que permiten el acceso al aborto legal, seguro y gratuito, coincidieron las comisiones estatal y nacional de Derechos Humanos, al exigir respeto a las garantías individuales de Diana Patricia, quien se encuentra en prisión tras sufrir un aborto espontáneo.
En un comunicado conjunto, los dos organismos defensores de los derechos humanos hacen un llamado al gobierno de Veracruz, así como a la Fiscalía General del Estado a no criminalizar a las mujeres y respetar sus derechos sexuales y reproductivos.
En el documento manifiestan su preocupación por la situación de Diana Patricia, originaria de OLUTA y encarcelada desde el pasado 29 de mayo en el Centro de Reinserción Social de Acayucan, donde enfrenta un juicio por homicidio tras sufrir un aborto espontáneo, producto de un embarazo de alto riesgo.
Consideran que estos hechos vulneran gravemente los derechos humanos de Diana Patricia “porque su privación de la libertad obedece a factores producto de una violencia sistemática que ponía en peligro su vida, su salud, su estado psicológico y mental, así como su dignidad y derecho a una vida libre de violencia”.
La comisión nacional a cargo de Rosario Piedra y la estatal a cargo de Namiko Matzumoto Benítez aseguran que la acusación de homicidio denota la falta perspectiva de género en la investigación realizada hasta el momento, además acusa la estigmatización que existe ante los casos de mujeres cuyo embarazo se interrumpen de forma legal o espontánea, lo que representa una grave violación a sus derechos sexuales y reproductivos, una doble revictimización y falta de acceso a la justicia por las condiciones de precariedad económica y social en la que vivía.
En el documento conjunto se recuerda que Veracruz cuenta con una Alerta de Violencia de Género por Agravio Comparado, toda vez que en la entidad federativa subsisten leyes y prácticas que criminalizan la decisión sobre el cuerpo y la autonomía de las mujeres.
“La CNDH y la CEDHV, en apego a las recomendaciones de la CEDAW, exhortan al estado a derogar las leyes que criminalizan a las mujeres y armonizar aquellas que permitan el acceso al aborto legal, seguro, gratuito y libre de prejuicios”.
Finalmente, se pronunciaron por el derecho a decidir de las mujeres, a su autonomía reproductiva, a la no criminalización y al pleno respeto todos sus derechos humanos, así como a vivir libres de violencias y estigmas.
