Juan David Castilla Arcos/Xalapa.- Las comunidades indígenas podrían ser desatendidas por la desaparición de 29 juzgados en el estado de Veracruz, como parte de las políticas de austeridad que aplica el actual gobierno.
De acuerdo con Magdalena Hernández Hernández, representante del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) en Veracruz, es necesario que el Poder Judicial aclare qué sucederá con las sedes microregionales donde se llevan los casos de algunas comunidades indígenas.
La funcionaria federal indicó que en próximos días pediría audiencia con la presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Veracruz, Inés Romero Cruz, para analizar desde el INPI cómo se puede apoyar con intérpretes y traductores que lleven los casos de familias indígenas.
“Ver de qué forma nos podemos sumar para que no se violenten los derechos de los pueblos indígenas. No sabríamos decir cómo es que van a reestructurar la función de los juzgados en cada uno de los territorios”, expresó.
En ese sentido, destacó que debe garantizarse el respeto a los derechos de los pueblos originarios y la reestructuración del Poder Judicial no debería afectarlos.
También indicó que debe hacerse valer el acceso efectivo en condiciones de igualdad y con intérpretes y traductores, en los procesos judiciales.
“Ver la forma de coordinar esfuerzos, sumar recursos humanos, aquí en el INPI tenemos promotores de lengua, de cultura y seguramente serían quienes esté participando para que las personas indígenas tengamos acceso a la jurisdicción del Estado”, añadió.
Cabe recordar que el Consejo de la Judicatura en Veracruz decidió que un total de 29 juzgados cerrarían sus puertas a partir del 1º de octubre de este año, luego de una comparación entre el gasto público que se erogaba y la poca carga laboral que había en los mismos.
Esta situación ha sido polémica en la entidad, toda vez que colegios de abogados sostienen que dicha situación mermaría el acceso a una justicia pronta y expedita.
