Redacción/Xalapa.- Juan Alvarado Martínez, estudiante de posgrado de la Universidad Veracruzana (UV), desarrolló un proyecto de intervención mediante el cual ubicó a un menor de edad en situación con alta probabilidad de contagio de COVID-19 para buscar el amparo de la justicia federal y vincular a las autoridades sanitarias para que sea inoculado.
El alumno de la Maestría en Derechos Humanos y Justicia Constitucional del Sistema de Enseñanza Abierta (SEA) destacó que todo abogado debe estar actualizado porque las leyes se modifican constantemente y de igual manera hay reformas. En este sentido, “la UV colabora al abrir programas educativos de posgrado profesionalizantes como éste”.
Con respecto al trabajo de investigación que desarrolla, Juan Alvarado comentó que la maestría les solicita trabajar en un caso justiciable (que puede o debe someterse a la acción de los tribunales de justicia).
Su proyecto se trata de un caso concreto en donde, con la intervención jurídica, se cambia o modifica la realidad del justiciable. “Aparte de hacer investigación teórica, para fundamentar bien el proyecto, en la ciencia jurídica tienes que buscar un caso para materializar la investigación”.
Para ello, analizó la política nacional de vacunación contra el virus SARS-CoV-2 –que ocasiona la enfermedad COVID-19– emprendida por el Estado mexicano y se percató que se ha realizado de forma programada, se establecen como prioridades la edad y la comorbilidad, por lo que los últimos en vacunar serán los menores de 15 años de edad.
Sin embargo, el Gobierno Federal y la Secretaría de Educación Pública (SEP) informaron sobre el inicio de clases presenciales en agosto de 2021, sin existir un calendario o estrategia de vacunación para los menores de edad.
Posteriormente, la Secretaría de Salud Federal anunció la vacunación a menores de edad –de 12 a 17 años– que tuvieran y pudieran comprobar que viven con alguna de las 44 enfermedades, condiciones, comorbilidad o cuadro clínico determinados por autoridades.
Además, indicó, hay instrumentos internacionales que obligan a los estados a que todas las leyes y programas que incluyan a los niños deben darles prioridad como colectividad, es lo que se llama interés superior de la niñez y México ha firmado muchos tratados internacionales que contemplan este principio. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos también lo estipula.
Por lo tanto, estaría poniéndose en riesgo la salud de los menores, ante el incremento de contagios que se registran en el país y el estado debido a las variantes de COVID-19, principalmente Delta y Ómicron.
“Es necesaria una demanda de protección de los derechos humanos, en específico a la salud y educación, a la vida y a la prevención y su concreción de enfermedades epidémicas y endémicas del o la justiciable, cuyo riesgo de contagio aumenta al pertenecer a un grupo etario que no se encuentra contemplado en el plan nacional de vacunación vigente.”
