Isabel Ortega. Xalapa. La Senadora Indira Rosales San Román comentó que la derogación del delito de ultrajes a la autoridad no es garantía de que se evite la detención arbitraria de los ciudadanos, pues persiste el capítulo de delitos contra las instituciones de seguridad pública.
Afirmó que, aunque la mayoría de Morena se niegue a aprobar los cambios al código penal, al derogar el artículo 331, existe la posibilidad de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), pueda revertir lo aprobado por el pleno en marzo del 2021.
“Estamos seguros de que la Suprema Corte dirá que es ilegal esa tipificación que se hizo en el código penal” y es que dijo que los derechos humanos siempre están por encima de los partidos políticos.
Recientemente el diputado Antonio Luna anunció que tiene como plazo hasta el 04 de noviembre del 2024, fecha en la que vence el periodo constitucional, para derogar los cambios al código penal.
Sin embargo, la pasada Cámara, así como la Comisión Estatal de Derechos Humanos promovieron una acción de inconstitucionalidad para echar abajo los cambios que aprobó la mayoría en marzo del 2021.
En ese momento se hicieron cambios a más de 15 artículos relacionados con sanciones por extorsión, robo, despojo, ultrajes a la autoridad y delitos contra las instituciones de seguridad pública y contra la seguridad de la comunidad.
En ese sentido, la senadora dijo, “nosotros estamos de acuerdo, lo mencionaron ahí algunos legisladores, que sólo se modifica uno, y falta la modificación de un artículo, y nosotros buscarnos que deroguen los dos”.
El artículo 371 quinques dice que se impondrán de siete a quince años de prisión y multa de cuatrocientas a ochocientas unidades de medida y actualización diarias, a quien amenace o agreda a un integrante o elemento de alguna institución de Seguridad Pública municipal o estatal en el momento de ejercer sus funciones o con motivo de ellas.
