Isabel Ortega/Xalapa.- Si el Instituto Nacional Electoral (INE) no hiciera bien su trabajo, autoridades como Cuitláhuac García Jiménez no estarían gobernando, afirmó el consejero electoral, Ciro Murayama.
El funcionario del INE respondió a las constantes críticas del titular del Ejecutivo que asegura que ellos no están haciendo su trabajo para promover la consulta de revocación de mandato, que permitiría o no anticipar la conclusión del periodo de elección del presidente Andrés Manuel López Obrador.
“Si el INE no hiciera su trabajo no habría cargos públicos electos, a través de las urnas, en ningún rincón del país.
“En Veracruz todos los diputados locales, todos los Ayuntamientos están conformados, y el Gobernador esta en funciones, gracias a las casillas que instaló el INE. Si el INE no funcionara él no sería gobernador”, dijo de manera contundente.
El consejero del INE visitó la capital del Estado para presentar el proyecto de redistribución de los distritos electorales, que llevará a Veracruz a perder un distrito y en consecuencia un representante popular a nivel federal.
Cuestionado por los espectaculares que aparecieron en varios puntos del Estado, confirmó que a nivel federal se han recibido un sin número de quejas por la violación de la veda electoral de parte de autoridades en funciones, y por la promoción de la consulta de revocación de mandato.
Confirmó que no puede pronunciarse sobre los casos dado que forma parte de la comisión de quejas, sin embargo, dijo, se está investigando si a la colocación de espectaculares que promueven la permanencia del presidente se destinó recurso público.
“Ya varias veces hemos emitido, respecto del gobernador de Veracruz y lo confirmó el tribunal electoral, que los gobernadores de Morena no pueden volverse la línea defensiva del presidente durante la revocación, igual que los gobernadores de oposición no pueden ser la línea ofensiva, ellos tienen un deber de neutralidad”.
Explicó que ya se les ha dicho a gobernadores, senadores y presidentes municipales que usar dinero público para promover la consulta popular es inconstitucional, y puede ser tipificado como desvío de recursos públicos.
Comentó que se puede sancionar a los funcionarios, pueden ser desde llamados de atención, hasta sanciones económicas, y magistrados del poder judicial se podría imponer medidas administrativas más severas.
