Isabel Ortega/Xalapa, Ver.- La Fiscal General del Estado, Verónica Hernández Giadáns aseguró que no está obligada a aceptar todas las recomendaciones que emite la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) por la violación a derechos humanos de parte de funcionarios del órgano autónomo.
Hernández Giadáns planteó que en muchos de los casos en donde la CEDH emite una recomendación por violaciones a derechos de personas detenidas, hay denuncias de familiares de personas víctimas de la comisión de un delito.
Recientemente la titular de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, Namiko Matzumoto destacó que las últimas cinco recomendaciones que se han emitido a la FGE, por violación a los derechos humanos de personas detenidas, no han sido aceptadas. La titular del órgano no gubernamental no descartó solicitar la comparecencia de Hernández Giadáns ante el Congreso.
En Veracruz, la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) cerró el 2022 con 92 recomendaciones contra Ayuntamientos, dependencias del gobierno del estado, la FGE y el Poder Judicial.
De las 92, 12 no fueron aceptadas por las autoridades de la Fiscalía, el Poder Judicial y el Gobierno del Estado, a través de la SSP, así como por ayuntamientos.
De los casos más mediáticos que se conocieron en el 2022, esta el caso de July N, acusada de asesinar a la rectora de la Universidad Valladolid, donde se acreditó tortura al momento de detenerla.
Recientemente la CEDH emitió una recomendación por el caso de Miguel Ángel Sulvarán Xolo, asesinado el 13 de octubre del 2021. El organismo no gubernamental determinó que el único detenido, Oscar N, había sido torturado.
Al respecto, la fiscal lamentó la declaración de la titular de la CEDH, pues argumentó que ella ha aceptado recomendaciones de violaciones a derechos humanos que fueron cometidas en otras administraciones, “no sé por qué las declaraciones”.
A la fecha, comentó que se han recibido cerca de 110 recomendaciones, en lo que va de su periodo como titular de la FGE, que tienen que ver con temas de desaparecidos en el periodo de Luis Angel Bravo, Jorge Winckler y de otros gobiernos, “y nosotros las aceptamos porque estamos del lado de las víctimas”.
Al ser cuestionada por casos recientes, que no fueron aceptados, comentó: “no toda recomendación debe ser obligadamente aceptada, se tiene que analizar todo lo que consta, incluso, hay denuncias derivadas de lo que las familias, consideran, se trata de la comisión del delito”.
Insistió que la FGE es un órgano transparente que defiende y garantiza justicia a las víctimas de delito.
