Expertos en el Senado proponen políticas públicas para regular inteligencia artificial
La senadora Alejandra Lagunes Soto Ruíz inauguró la mesa sobre “Políticas públicas y derechos”, que tiene el propósito de avanzar en la regulación ética de la inteligencia artificial para beneficio de los y las mexicanas.
Detalló que estas mesas de trabajo iniciaron el pasado 20 de septiembre y se realizan con el acompañamiento técnico de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO).
Explicó que en abril se formó la Alianza Nacional de Inteligencia Artificial (ANIA), integrada por representantes de la academia, la iniciativa privada, sectores del gobierno y sociedad civil, con la finalidad de construir una estrategia para la regulación en esta materia.
Alejandra Lagunes enfatizó que el reto “es entrar sin miedo al tema y con enfoque de protección de derechos humanos, de protección de datos e identidad, pero también de respeto al Estado de Derecho.
Gustavo Madero Muñoz, senador del Grupo Plural, se pronunció por la implementación de una política pública de promoción, no de control o represión, es decir, de un modelo que impulse la investigación en torno a estas tecnologías.
Además, consideró conveniente la creación de un órgano especializado que no sea centralizado y que sume al gobierno, academia y empresas para el uso y desarrollo de la inteligencia artificial.
Jimena Moreno, consultora del Centro de Investigación y Docencia Económicas, afirmó que no puede haber políticas públicas viables en esta materia si en la Ley no se contempla una partida presupuestal para impulsar la inteligencia artificial.
“Una parte del presupuesto debe ir etiquetado y dirigido al desarrollo, a la educación, como política pública, al despliegue de infraestructura, al fortalecimiento de las instituciones, a la ciberseguridad para proteger la infraestructura”.
Agregó que otra política pública que pudiera implementarse en el país es el establecimiento de auditorías, para vigilar la seguridad, privacidad y protección de datos, además del empoderamiento y fortalecimiento de los órganos garantes de la transparencia como el INAI.
Karen Herrera Ferra, representante de la Asociación Mexicana de Neuroética, consideró que no sólo se tiene que pensar en la normatividad, sino impulsar la creación de un organismo que se encargue de supervisar las leyes que surjan en la materia.
Ana Paola Barbosa, directora de políticas públicas de Amazon, mencionó que el despliegue de la inteligencia artificial debe respetar el Estado de derecho, los derechos humanos, los valores de equidad, privacidad e imparcialidad, por lo que para que esta tecnología tenga beneficios se debe trabajar de manera conjunta con autoridades, expertos y empresas.
Marcela Flores Méndez, directora del Centro de Cultura Digital, se pronunció por la creación de campañas educativas que promuevan la reflexión y comprensión del tema para el público en general. Además de generar un lenguaje común para que este tema sea comprendido por todos.
Isabel Davara, abogada especializada en Derecho de Tecnologías de la Información y Comunicación, opinó que es necesario que se establezca una estrategia coordinada, a través de un paquete de políticas públicas que contemple una estrategia coordinad sobre datos abiertos, es decir que los términos tecnológicos sean accesibles para que puedan ser aprovechados por la sociedad, empresas y gobierno.
