Mujeres defienden a Nahle y dicen que es víctima de violencia política
Ariadna García, Xalapa, Ver.- Feministas encabezadas por Graciela Nani, Presidenta del Consejo Consultivo del Instituto Veracruzano de las Mujeres, llamaron al Organismo Público Local Electoral de Veracruz (OPLEV) proteger a la candidata a la gubernatura de la coalición «Sigamos Haciendo Historia en Veracruz», Rocío Nahle García, por ser víctima de violencia política en razón de género.
«Venimos a exigir que el organismo público local electoral de Veracruz. Intervenga para que se realicen las acciones necesarias suficientes con la finalidad de que se proteja la seguridad y la integridad de la ingeniera Norma Rocío Nahle García, candidata a la gubernatura del estado».
Dijo que hay preocupación por la violencia de género por medios digitales que ella está sufriendo «por parte de la familia Yunes, encabezados por Miguel Ángel Yunes Linares».
«Llevan semanas promoviendo una campaña de odio y discriminación a través de una serie de publicaciones misóginas e infundadas en medios electrónicos en contra de la candidata Nahle a quien por su origen critican y se refieren a ella en forma despectiva y discriminatoria, sabiendo muy bien que ella es una candidata legítima conforme la constitución política local y federal».
Agregó que, por ello, denuncian este hecho «porque la violencia contra las mujeres es un hecho que no se debe invisibilizar y no se puede normalizar en donde la autoridad debe intervenir».
Refirió que derivado de la publicación de noticias «falsas, misóginas e infundada» por parte de la fórmula de candidatos del PAN al Senado, Miguel Ángel Yunes Márquez y Yunes Linares, lo mismo que Fernando Yunes Márquez, candidato a diputado local y del candidato a gobernador de la coalición «Fuerza y Corazón por Veracruz», José Francisco Yunes Zorrilla, así como el empresario Arturo Castagné, se ha provocado un ambiente de violencia de género en medios digitales en contra de la candidata.
«El 16 de marzo de 2024 este pseudoempresario mentiroso realizó una publicación en relación con la casa que se encontraba rentando la candidata, atribuyéndole dolosamente a ella la propiedad, sin sustento ni fundamento alguno, haciendo una serie de señalamientos e imputaciones falsas, por ejemplo, que la propietaria legítima hizo el pago en efectivo. Lo cual es falso, ya que la ley antilavado no lo permite».
