La ley de Iowa permite arrestar y deportar a inmigrantes indocumentados; esto desafía la intervención federal
La gobernadora republicana de Iowa, Kim Reynolds, firmó la ley SF 2340, que criminaliza la presencia de inmigrantes indocumentados en el estado. Según esta ley, las autoridades locales tienen permiso para arrestar a personas sospechosas de residir ilegalmente en los Estados Unidos. En caso de condena, un juez podría ordenar su deportación. No obstante, el Departamento de Justicia otorgó a Iowa hasta el 7 de mayo de 2024 para revocar la ley. De no hacerlo, planea demandar al estado bajo el argumento de que la ley federal tiene prioridad y que viola la Constitución de los Estados Unidos.
“Estas leyes no solo son un desafío directo a la autoridad federal, sino que también infligen daño considerable a las comunidades inmigrantes, socavando los derechos fundamentales que la Constitución promete a todos los residentes de Estados Unidos”, afirmó Patricia Mendoza, abogada en Gondim Law Corp.
Recientemente, la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés) calificó la ley SF 2340 de Iowa como la más extrema, discriminatoria e inconstitucional ley antiinmigrante del país. “Si se promulga, esta ley causará estragos en las familias y comunidades de Iowa y amenazará tanto a ciudadanos como a no ciudadanos de Iowa”, agregó Patricia Mendoza,
En Tennessee, se aprobó el HB2124/SB2576, que requiere la colaboración de las agencias locales en la identificación, captura, detención o deportación de inmigrantes indocumentados. En Luisiana, la SB 388 amplía la autoridad de los agentes estatales y locales para desempeñar funciones de la Oficina de Aduanas e Inmigración (ICE, por sus siglas en inglés) y criminaliza la entrada ilegal con penas de hasta dos años de prisión.
Los estados que promulgan leyes antiinmigrantes, desde Iowa hasta Oklahoma, sostienen que actúan debido a la percepción de que la administración Biden no ha logrado hacer cumplir adecuadamente las leyes federales de inmigración ni asegurar la frontera. Esta preocupación refleja una tendencia más amplia en los Estados Unidos, país que albergaba una población inmigrante significativa, con representación de casi el 14 por ciento de la población total en 2021, según datos del Consejo de Relaciones Exteriores.
A medida que los estados buscan proteger a sus ciudadanos mediante legislaciones locales, participan en un debate más amplio sobre la inmigración y la diversidad en la sociedad estadounidense.
