Juan David Castilla.- Los trabajadores del Poder Judicial de la Federación (PJF) consideraron que la propuesta de elegir popularmente a juzgadoras y juzgadores es una «solución simplista” para problemáticas que son más complejas.
Además, opinaron que hay un riesgo considerable de que los problemas que se pretenden combatir se exacerben con el cambio propuesto, en lugar de resolverse como se ha prometido.
Los empleados indicaron que se requiere una Reforma al Poder Judicial a nivel nacional que realmente atienda las deficiencias que hay actualmente.
Emitieron una carta a funcionarios electos que participaron en la asamblea territorial sobre reforma judicial en Coatepec.
“Se nos ha dicho que debemos posicionar nuestras esperanzas en lo que puedan lograr legisladoras y legisladores de oposición; sin embargo, quienes suscribimos esta carta creemos que los temas críticos que actualmente ocupan la agenda nacional no pueden dejarse a la voluntad de unas pocas personas, ni a la incertidumbre de que en la fecha decisiva no llegue a presentarse la totalidad de legisladoras y legisladores”.
En el encuentro estuvo Adrián González Naveda, diputado federal electo; Claudia Tello Espinosa, senadora electa; y Ramón Díaz Ávila, diputado local electo. La carta fue dirigida a ellos.
“Es verdad que el pueblo les ha mandado que se realice una reforma, en general, a todo el sistema de justicia, con el objetivo de hacerla más eficaz y garante de los derechos de todas las personas. Pero el pueblo confía en ustedes para que tomen las mejores decisiones en su beneficio, y en esa exigencia nos unimos, porque sabemos que hay muchas cosas que se pueden mejorar en el sistema que ahora tenemos”.
El personal del PJF indicó que hay varios temas importantes al interior del Poder Judicial, por ejemplo, destinar los recursos que piensan disponerse para las elecciones propuestas.
“Hablemos con honestidad: la propuesta de elegir popularmente a juzgadoras y juzgadores es una solución simplista para problemáticas que son mucho más complejas; además, hay un riesgo considerable de que los problemas que se pretenden combatir se exacerben con el cambio propuesto, en lugar de resolverse como se ha prometido”, reiteran.
Hay 0.60 tribunales por cada 100 mil habitantes, cuando recomendaciones internacionales establecen que el número debe ser mayor. Además, solo hay 430 órganos federales en todo México.
“Ponemos a su disposición el conocimiento que tenemos sobre los temas que se pueden abordar y confiamos en su buena fe, en que lo que ustedes quieren es también lo mejor para México y no la simple destrucción de instituciones para fines que ustedes saben que no son precisamente benéficos”, señalan a los funcionarios electos.
Desde 2021 ha incrementado anualmente 17 por ciento el ingreso de asuntos en los órganos jurisdiccionales, pero en ese periodo sólo se han abierto tres órganos nuevos.
“En el año 2023 se dictaron aproximadamente 920 mil resoluciones, lo que supone un rezago del 23 por ciento de los asuntos”, enfatizan.
