Redacción.- La Contraloría General del Estado, que preside Miguel Ángel Olivares Martínez, emitió los lineamientos para hacer una verificación aleatoria sobre el patrimonio de servidores y ex servidores públicos del gobierno de Cuitláhuac García Jiménez.
La dependencia hará una verificación de las declaraciones de situación patrimonial y de intereses, de evolución patrimonial e investigación en materia de verificación de la evolución patrimonial de las personas servidoras o exservidoras públicas.
La verificación de la evolución patrimonial de las personas servidoras o ex servidoras públicas, se dará mediante un procedimiento en el cual se analiza, durante el periodo de evolución, su patrimonio, considerando dentro de éste los bienes que adquieran los declarantes o con respecto de los cuales se conduzcan como dueños, los que reciban o de los que dispongan su cónyuge, concubina o concubinario y sus dependientes económicos directos, confrontando el patrimonio expresado en las declaraciones presentadas con anterioridad contra la información obtenida.
La revisión de la evolución patrimonial no solo se hará de forma aleatoria de las Declaraciones de Situación Patrimonial y de Intereses, sino también de oficio, cuando la Subdirección de Situación y Evolución Patrimonial (SSyEP), determine que existen indicios que hacen presumir ocultamiento o un incremento inexplicable o injustificable en el patrimonio de una persona servidora o exservidora pública en virtud de su remuneración.
Si en la verificación de evolución patrimonial se advierten actos u omisiones que la ley señale como falta administrativa, la SSyEP procederá a la calificación como grave o no grave según corresponda, y elaborará el Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA) para su remisión a la autoridad substanciadora.
La Dirección General de Responsabilidades Administrativas (DGRA), a través de la SSyEP, en coordinación con la Dirección Jurídica (DJ) presentarán ante la Fiscalía General del Estado (FGE), la denuncia que corresponda, derivada del resultado de la investigación en materia de verificación de la evolución patrimonial, en las que pudiera existir presumiblemente hechos constitutivos de delito, debiendo informar a la persona Titular de la Contraloría General del Estado sobre el inicio de la misma.
