ARTICLE 19 pide un alto a la criminalización de defensores ambientales
La Oficina para México y Centroamérica de ARTICLE 19 rechazó el uso indebido del derecho penal contra defensores ambientales. Estas personas juegan un papel esencial en la protección del medio ambiente y en la promoción de los derechos humanos, luchando contra prácticas que pueden dañar irreparablemente la naturaleza y a las comunidades locales.
En un comunicado, ARTICLE 19 detalló que Santa María Chí, una comunidad indígena maya en Mérida, Yucatán, enfrenta un grave conflicto ambiental desde el 3 de abril de 2023. La “Granja Porcícola Santa María”, propiedad de Pecuaria Peninsular, causa afectaciones serias al medio ambiente, al agua y a la salud de los pobladores.
Ante esta situación, la comunidad y su autoridad municipal, Wilbert Alfonso Nahuat Puc, presentaron demandas de amparo contra la granja. Con ello, buscan proteger los derechos a la salud, al agua y a un medio ambiente sano, así como asegurar la consulta indígena. La Jueza Silvia Elena Torres Cobá aceptó la demanda el 30 de noviembre pasado, ordenando la suspensión de la introducción de más cerdos.
Sin embargo, el 29 de mayo, la empresa presentó una denuncia penal contra Wilbert Alfonso Nahuat Puc alegando despojo de propiedad, debido a bloqueos y protestas del 14 de mayo de 2023. La audiencia para la imputación está programada para el 7 de noviembre de este año. Este tipo de acciones refleja un patrón de criminalización hacia quienes defienden el medio ambiente, destacó ARTICLE 19.
Las protestas son fundamentales para que las comunidades expresen sus preocupaciones y demanden cambios. Estos derechos están protegidos por tratados internacionales, que establecen que las personas pueden manifestar pacíficamente sus opiniones sin temor a represalias. Por ello, ARTICLE 19 enfatizó la necesidad de proteger a las personas defensoras de la criminalización y la represión.
ARTICLE 19 exigió al gobierno federal y estatal que actúe para garantizar el derecho a la protesta y proteja a los defensores ambientales. Además, se pide a la Fiscalía General del Estado de Yucatán que realice investigaciones imparciales y desestime acusaciones que busquen inhibir la defensa de los derechos humanos.
“La criminalización de las personas defensoras puede llevar a la represión y al silenciamiento de voces críticas, lo cual es incompatible con una sociedad democrática y plural. El uso del derecho penal para intimidar a personas defensoras es desproporcionada y vulnera sus derechos humanos, lo cual es contrario a los principios de libertad y justicia que deben prevalecer en un estado de derecho”.
