Carlos Guzmán | Corresponsal CDMX.- La Fiscalía General de la República (FGR) informó que no procederá, por el momento, con la detención provisional del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, del senador Enrique Inzunza y de otros funcionarios sinaloenses señalados por autoridades de Estados Unidos por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa.
La decisión fue dada a conocer por Raúl Jiménez, titular de la Fiscalía de Control Competencial de la FGR, quien explicó que el gobierno estadounidense no aportó datos de prueba suficientes que justificaran una acción inmediata por parte de las autoridades mexicanas.
De acuerdo con el funcionario federal, la petición realizada por la administración del presidente Donald Trump no constituye una solicitud formal de extradición, sino un pedimento de detención provisional con fines de investigación.
Durante una transmisión pública, Raúl Jiménez señaló que el expediente enviado por autoridades estadounidenses carece de elementos que acrediten la urgencia de aplicar medidas cautelares contra los señalados. “En el pedimento que nos ocupa no hay ninguna referencia, no hay ningún motivo, no hay ningún fundamento, no hay ninguna evidencia que nos permita apreciar el por qué de la urgencia de la detención provisional”, afirmó.
Asimismo, sostuvo que la FGR realizó una revisión preliminar de la documentación recibida y concluyó que tampoco existen pruebas anexas que acrediten la posible comisión de delitos que hagan impostergable la intervención inmediata de la autoridad ministerial mexicana.
“Igualmente advertimos, en una primera instancia, que no existen pruebas anexas al pedimento de referencia que acrediten la comisión de un presunto delito que haga impostergable el otorgamiento de la medida cautelar”, agregó el funcionario.
La postura de la FGR se da en medio de la tensión bilateral entre México y Estados Unidos en materia de combate al narcotráfico y cooperación judicial, particularmente por las investigaciones relacionadas con el Cártel de Sinaloa y presuntos vínculos de actores políticos con grupos criminales.
Hasta el momento, ni el gobernador Rubén Rocha Moya ni el senador Enrique Inzunza han emitido una postura pública sobre el pronunciamiento de la FGR, mientras que el gobierno federal tampoco ha confirmado si Estados Unidos presentará en los próximos días una solicitud formal de extradición o nuevas pruebas contra los funcionarios mencionados.
