Arturo Arellano. Xalapa. Ver., 11 de septiembre de 2018. La revisión de los contratos de proveedores del Gobierno del Estado debió haber correspondido a una autoridad judicial y no al gobierno, aseguró el abogado Humberto Aguirre García.
Por lo anterior, recalcó que esto debía haber seguido procedimientos judiciales, siendo un tribunal el que determinara cuáles contratos de los proveedores sí son auténticos y cuáles no.
“No estamos en contra de que se revise la deuda de proveedores porque puede haber proveedores fantasma, estamos en contra de que se rompa el estado de derecho, ¿por qué?, porque un Gobernador no puede ser juez y parte de que si los adeudos proceden o no proceden, porque estaríamos dejando que el Secretario de Finanzas cambiara los contratos originales con todos los proveedores y les impusiera cargas adicionales”, explicó.
Por lo anterior dijo que no se habla de que no se revisen los adeudos, sino que éstos tienen que ser verificados ante una autoridad judicial, de ahí que el Tribunal Estatal de Justicia Administrativa de Veracruz (TEJAV) es la entidad competente en la revisión.
“Lo que tenemos es una sentencia histórica porque un juez federal declaró inconstitucional que un Gobernador pueda generar cargas adicionales a los empresarios para validar sus deudas.
Lo anterior implica una obligación para el Gobierno del estado, a modo de desembolsar al menos 40 millones de pesos.
Recordó por ejemplo, que entre sus antecedentes el despacho Aguirre y Montoya promovió un amparo para agilizar pagos del Instituto de Pensiones del Estado (IPE) a sus jubilados.
