Isabel Ortega/Xalapa.- Los alcaldes en funciones y los exfuncionarios públicos podrían interponer una acción de inconstitucionalidad contra el Congreso local, por ampliar el periodo de revisión del Informe de Resultados la Cuenta Pública 2018, pues no existe fundamento legal.
Este jueves 31 de octubre se votó como improcedente el Informe de la Cuenta Pública y se aprobó dar un periodo de 90 días al Órgano de Fiscalización Superior (Orfis) para hacer una revisión a los resultados de la Auditoría para presentar un nuevo documento.
En ese sentido, el legislador reconoció que la ley permite hacer una revisión especial a algunos de los informes entregados, pero no al informe general, lo que vulnera los derechos de los entes fiscalizables, y los deja en la indefensión, a los 328 entes fiscalizables y pueden recurrir a la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
“Si en uno, dos o cinco entes vemos alguna inquietud, se revisa de manera particular esos entes o ayuntamientos, pero no tienen por qué darle marcha atrás a todo el proceso de fiscalización, nunca se ha dado, se ponen a todos los entes en un estado de indefensión”, planteó.
Y es que la revisión, según lo dicho por los diputados locales se basa en sospechas de que se dio una solventación irregular del manejo financiero, maquillando el resultado que las cuentas públicas, en especial de algunos municipios.
“Con este dictamen los diputados de Vigilancia, del partido Morena, quieren echar para atrás todo el proceso y es ilegal, rompe con el principio de legalidad y confiabilidad, incluso, para quienes reintegraron recursos».
