Isabel Ortega. Xalapa. Integrantes de la Coordinadora de Pueblos en Defensa del Río Atoyac denunciaron hostigamiento y acoso contra los activistas que exigen el cuidado del medio ambiente. Señalaron al alcalde de Carrillo Puerto, Jaime Carrillo Tinoco de intimidarlos.
La reacción de alcaldes se atribuye a que los integrantes de la Coordinadora se opusieron a la instalación de una antena de telefonía en las inmediaciones de un Jardín de Niños en la cabecera municipal.
Por lo anterior, al menos 18 organizaciones se sumaron a la exigencia de que se frene el acoso a los ambientalistas, pues fueron citados a declarar a la fiscalía regional.
“En medio de la crisis de salud, la Fiscalía Municipal y Jaime Carrillo Tinoco, alcalde de Carrillo Puerto, lanzaron un ataque en contra de los integrantes de la Coordinadora”, exponen.
Se les entregó un segundo citatorio por su oposición a la instalación de la antena, pero no pudieron asistir porque les llegó minutos antes de la hora establecida y nunca les llegó la primera citación; temen que puedan ser detenidos por negarse a declarar.
Recordaron que esta no es la primera lucha que enfrentan, pues los pueblos que habitan en la cuenca del río sufren por la contaminación, ya que se vierten sin ningún control y violando todas las leyes, los desechos de la industria azucarera, pesticidas y escurrimientos de basureros.
“Una y otra vez a lo largo de más de diez años, las comunidades se han organizado en la Coordinadora para frenar la contaminación y rescatar el río. La lucha del Atoyac alcanzó relevancia nacional cuando lograron frenar el proyecto Bandera del exgobernador Javier Duarte de Ochoa, quien pretendía entubar el nacimiento del río para llevar agua a clubes de golf y empresas de Córdoba”, detallaron.
Expusieron que recientemente un par de empresas constructoras empezaron a robar la piedra del río para usarla en la ampliación de la autopista de La Tinaja y la Coordinadora impidió el saqueo.
Las organizaciones demandaron la intervención del gobernador Cuitláhuac García Jiménez y demás organismos estatales y federales competentes para que cesen los ataques en contra de la Coordinadora, se garantice el derecho a las comunidades a organizarse y defender la vida frente a los proyectos que les dañan.
