Aquí los primeros cómplices de Víctor N e Inés N; giran órdenes de aprehensión
Redacción/El Demócrata. En la actualización del caso del desvío millonario de recursos con las empresas fantasma del esposo de la famosa presentadora Inés Goméz Mont, se sabe que esta semana se giraron 10 órdenes de aprehensión en contra de los cómplices del desfalco y desvío de recursos públicos de la Secretaría de Gobernación.
Víctor Álvarez Puga e Inés Gómez Mont están prófugos de la justicia, se cree que fuera de territorio nacional, sin embargo ya hay avances en la investigación que lleva a cabo la Fiscalía General de la República.
- Eduardo “N”, excomisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social (OADPRS).
- Jorge Arnaldo “N”, ex director general del Centro de Coordinación, Control, Comando, Cómputo, Alertamiento e Inteligencia del OADPRS.
- Jesús Gabriel “N”, ex director general de Desarrollo Tecnológico.
- Emmanuel “N”, exresponsable de la Coordinación General de Centros Federales del OADPRS.
- Héctor Oswaldo “N”.
- Yareli Eunice “N”.
- Paulo “N”, ex director general de Administración.
- José Reyes “N”.
- Armando “N”.
- Ricardo “N”.
Fue el juez federal Iván Zeferín Hernández, adscrito al Centro de Justicia Penal Federal de Almoloya de Juárez, Estado de México, quien giró las órdenes de aprehensión, a solicitud de la Fiscalía General de la República (FGR), contra los 10 implicados en el caso; acusados de supuesto lavado de dinero, peculado y delincuencia organizada, además de ser máximo patrocinador y socio del gobernador Mauricio Vila Dosal.
Según fuentes federales, la Fiscalía General de la República notificó al juez, el desvío de 2 mil 950 millones de pesos a empresas factureras presuntamente vinculadas a Víctor Manuel Alvarez Puga, ese dinero provenía de dos contratos con el Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social.
El millonario desvío antes mencionado, se llevó a cabo desde la Secretaría de Gobernación durante la gestión de Miguel Ángel Osorio Chong, durante el gobierno de Peña Nieto.
Estos contratos se firmaron para la compra del Sistema del Centro de Comando, Control, Cómputo, Coordinación, Alertamiento e Inteligencia del OADPRS, para habilitarse en penales federales y centros federales de readaptación social.
La Fiscalía General de la República busca encontrar a los culpables por el pago en sobreprecio de más de 60 mil millones de pesos, por la entrega de contratos con la Secretaría de Seguridad Pública a varias empresas del ramo constructor. Esto durante la construcción de un penal con capacidad para 20 mil internos, durante la administración de Felipe Calderón.
Inés Gómez Mont, su esposo y su cuñado Alejandro Álvarez Puga, habrían utilizado decenas de compañías fantasma para la evasión de impuestos, desvío de recursos públicos y operaciones de lavado de dinero.
