Isabel Ortega. Xalapa, Ver., 19 de septiembre de 2018. A partir del año 2018, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) auditará las nóminas de las entidades federativas, como parte de la entrada en operación del Sistema Nacional Anticorrupción.
La medida administrativa se aplicó con la intención de evitar el desvío de recursos a los procesos electorales, en especial de los gobierno del PRI, “pero siempre hay salidas por donde se escapan”, afirmó el titular de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), David Rogelio Colmenares Páramo.
Como parte de la Conferencia Magistral, Aportaciones y Participaciones, Implicaciones para su Mejor Ejercicio y Transparencia, explicó que ahora se les pidió revisar el gasto de participaciones, no sólo el ramo 028, sino el gasto no programable.
Recordó que con anterioridad, solo se revisaba el dinero etiquetado a salud, seguridad y educación, pero el SEA les da nuevas atribuciones para vigilar cómo se gastan las participaciones, que la mayoría de las entidades lo usan para gasto corriente, y para nómina.
“Las aportaciones que son federales viene en gasto programable, porque tú determinas una cantidad, por decir el 2.5 por ciento para el Fortamun, y lo que te dan en enero es eso (…) pero las participaciones son no programables y ahora tenemos que revisarlas”.
Adelantó que los nuevos Contralores Internos serán los responsables de vigilar la correcta aplicación de los recursos, su función es preventiva, aunque reconoció que no se conocen casos donde se haya sancionado a funcionarios por las irregularidades cometidas, “también es un empleado del gobernador”.
En otro tema, criticó a las entidades federativas y los municipios ante el desinterés fiscal por cobrar impuestos, que serían en beneficio de las arcas locales.
Ejemplificó que en Chile los municipios cobran lo equivalente al 0.6 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), mientras que en México el cobro representa sólo el 0.2 por ciento, y 50 por ciento se recauda en la Ciudad de México.
En el caso de los Estados, recriminó que son pocos los impuestos que cobran, y muchos gobernadores han optado por derogarlos, tal es el caso de la tenencia de vehículos, se renunció a su cobro sin entender que esos fondos les permiten ingresos adicionales.
Las decisiones de los gobierno se basan en premisas políticas, sin entender que la gente estaba acostumbrada a pagar el gravamen, lo que les generaba ingresos extraordinarios, “y en esos Estados se profundizó la dependencia (económica) con la Federación”.
