Isabel Ortega/Xalapa, Ver.- El titular de la Secretaría del Medio Ambiente en Veracruz, Juan Carlos Contreras Bautistas responsabilizó a la alcaldesa de Veracruz, Patricia Lobeira y de Medellín, Marcos Isleño de revocar la concesión que se otorgó el Congreso de Veracruz a Grupo Metropolitano de Agua (MAS), que abastece de servicio de agua potable a los dos municipios.
En su comparecencia, ante diputados locales, aclaró que la Sedema está limitada en su actuar y no puede “revertir”, pues se estaría extralimitando en sus funciones y podría ser sancionado.
El funcionario fue cuestionado por el diputado Fernando Arteaga Aponte, representante del distrito de Veracruz sobre el actuar “lento” de la Procuraduría del Medio Ambiente que no ha clausurado las plantas de tratamiento de agua que no funcionan, por lo que el funcionario salió a la defensa del titular Sergio Rodríguez, con el argumento que ellos no pueden hacer mucho.
“Lamento informales que no podemos revocar concesiones, discúlpeme que sea claro, no estamos facultados, ni la secretaría ni la PMA estamos facultados. Si queremos hacer las cosas bien, la secretaría y la procuraduría no podemos cancelar una concesión, porque la secretaría no la otorgó. El que la entrega la revoca”, insistió.
Comentó que la competencia de la Procuraduría del Medio Ambiente (PMA), se limita a regular los permisos para el uso de residuos; y todas las irregularidades que se han detectado de Grupo MAS se han notificado a la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).
Reconoció que con la forma en como esté operando Grupo MAS hay elementos suficientes para revertir el contrato, por su incumplimiento, pero eso -insistió- corresponde a otras autoridades.
“El primer sujeto obligado para iniciar los trámites respectivos, sin duda alguna, son los municipios (…) desgraciadamente, al día de hoy no existe el interés de estos municipios que tienen las concesiones en dar seguimiento”, dijo en una primera intervención.
Explicó que se presentó el oficio PMAVERS 490-2023, con fecha 27 de julio del 2023, donde se sustentan las revisiones y anomalías que se presentan en las plantas de tratamiento de agua.
“Las más sustanciales son la inactividad y la falta de operación de las plantas tratadoras de agua residuales (…) también se brinda la información a la PROFEPA y a la CONAGUA para que, en el ámbito de las atribuciones, tome las medidas de cancelación de operación y de las autorizaciones con las que debería cumplir esta empresa”.
Explicó que en el momento que los Ayuntamientos, Conagua o Profepa lo decidan, hay elementos que llevarían en automático a cancelar el contrato de concesión que dio el Congreso en el año 2016, sin embargo, destacó que el revocar de manera inmediata podría tener un efecto nocivo para la población.
“No podemos decir que se clausura en este momento. ¿Por qué? Porque también son bienes y servicios que, al tomar decisiones drásticas, pudieran ser peores las medidas al colapsar un servicio público del agua, desde la distribución y el tratamiento”.
