Isabel Ortega, Xalapa, Ver.- La diputada local Norma Leonor Victoria Mendoza González, quien asumió la representación popular en lugar de Fernando Arteaga Aponte, afirmó que el Congreso del Estado busca regular que ningún Ayuntamiento o el propio Estado pueda concesionar a un particular el servicio de agua potable.
En una entrevista, la legisladora de Morena planteó que no está bien que un Ayuntamiento o el Estado tengan que pagar a un particular, incluso, una penalización cuando un particular incumple con la prestación del servicio que se le autorizó brindar.
“Estamos mandando como iniciativa que ya no haya concesiones en ninguna parte del Estado, para que ningún otro municipio quiera realizar una concesión. Ellos no van a tener como municipio Veracruz o el Gobierno del Estado no hay porque estar pagando penalizaciones porque Grupo MAS fue el que no cumplió”.
En ese sentido, la nueva legisladora confirmó que se presentó una nueva solicitud para que se realice una auditoría con la idea de tener elementos para iniciar con el proceso para cancelar la concesión a Grupo MAS, debido al mal servicio que ofrece a los ciudadanos de Veracruz y Medellín.
Como nueva presidenta de la Comisión de Agua y Saneamiento en la Legislatura, ha tenido varias reuniones con colectivos y organizaciones ambientalistas en Veracruz y afirmó que tienen pruebas de que Grupo Mas ha incumplido su contrato, no realiza el desazolve y no supervisa el funcionamiento de la concesión.
Por esto, el Congreso del Estado solicitó al Órgano de Fiscalización (Orfis) una nueva auditoría a Grupo Mas, «Estamos solicitando la auditoría para tener los pelos de la burra en la mano, como se dice vulgarmente, ya enviamos la primera iniciativa para presentarla a tiempo», señaló.
Insistió en que tienen suficientes pruebas documentadas contra la empresa, incluyendo dictámenes de COFEPRIS. Espera que la auditoría a Grupo Mas no tarde más de 45 días y aseguró que dejarán las bases bien establecidas para que la próxima legislatura continúe con el proceso.
Mendoza González también mencionó que, tras las recomendaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos al gobierno de Veracruz y los municipios, es evidente que la responsabilidad es de la empresa.
