CEAV ejerció 202.4 mdp en favor de víctimas

México, 23 de febrero/Notimex. Entre febrero de 2017 y enero de 2018 la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) ejerció 202.4 millones de pesos del Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral, refirió Jaime Rochín del Rincón quien sostuvo que la atención a ellas debe ser una política de Estado.

En comparecencia ante las comisiones unidas de Derechos Humanos, Justicia y Gobernación del Senado, expuso que esa cifra es superior en 39.4 por ciento en términos reales a lo que se entregó en el periodo de 2016 en favor de mil 810 víctimas.

Explicó que las reformas a la Ley General de Víctimas de 2017 permitieron una mayor atención y asignación de recursos, por medidas de ayuda inmediata o por compensaciones como parte de la reparación integral.

Precisó a las y los senadores que la distribución de competencias entre la CEAV y las entidades federativas es uno de los mayores retos, porque en la concentración de recursos la Comisión Ejecutiva gestiona la ayuda pero es la entidad quien decide el uso y destino de los fondos.

Otro problema que enfrenta la institución es la atención de casos del fuero local, porque la capacidad operativa con la que cuenta la CEAV es limitada. “Enfrentamos un déficit de tres mil 333 asesores jurídicos de víctimas en todo el país”, dijo.

La atención a víctimas debe ser una política de Estado, refirió el comisionado ejecutivo quien sostuvo que es una tarea de grandes proporciones, que requiere de esfuerzos en la misma magnitud, por lo que no pueden circunscribirse a un ámbito, personaje o institución.

Angélica de la Peña Gómez, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, cuestionó al comisionado ejecutivo sobre si las reformas a la ley han sido suficientes para atender de manera eficaz a las víctimas o es necesario realizar nuevos cambios.

Además preguntó por el estado de casos como el de la Guardería ABC, el fenómeno del desplazamiento interno en el país y la situación de la defensora de derechos humanos Alma Barraza Gómez.

Jaime Rochín contestó que se creó un fideicomiso público en el Seguro Social y se otorgaron recursos como reparación del daño “a casi todas las víctimas, excepto a una familia, por cantidades que no voy a mencionar por respeto”.

Sobre el caso de Alma Barraza dijo que requiere más acompañamiento y se encuentra realizando un plan específico de atención integral que considera la situación especial de una persona que fue y aún es víctima, bajo una perspectiva de género.

En el caso de desplazamiento interno debe contar con una atención especial, similar al otorgado a niños, niñas y adolescentes o a las personas con alguna discapacidad.

Pilar Ortega Martínez, presidenta de la Comisión de Justicia, dijo que el Senado debe revisar periódicamente la aplicación de la norma en lo concerniente a las víctimas del delito y los derechos humanos, porque es perfectible y una forma de evaluarla.

También expresó su preocupación por el bajo número de asesores jurídicos, sobre todo en las entidades federativas y las comisiones estatales.