Isabel Ortega. Xalapa, Ver., 07 de noviembre de 2018. La denuncia que presentó el Comité de Participación de Sistema Estatal Anticorrupción (SEA), por la aprobación de la Cuenta Pública 2017, tiene por objetivo revocar el dictamen que se votó por mayoría, y se le podría fincar responsabilidad administrativa y penal a los integrantes de la Comisión de Vigilancia.
La queja se presentó ante la Contraloría Interna del Congreso local que será la responsable de investigar y sustanciar que el grupo de trabajo se excedió en sus atribuciones, al solventar algunas observaciones y reducir el monto del presunto daño patrimonial.
“Lo tendrá que investigar la Contraloría del Congreso y tendrá que determinar la última consecuencia”, afirmó el presidente del Comité de Participación Ciudadana, Sergio Vásquez Jiménez.
No fue claro el procedimiento de análisis y dictaminación de un grupo de 15 personas, que en dos semanas cambio el trabajo que hizo en meses desde el Órgano de Fiscalización Superior (Orfis).
“La Cámara está obligada a anular el dictamen”, exigió el titular del órgano ciudadano, quien mencionó que se tendrán que ajustar ese tipo de irregularidades.
