Yhadira Paredes, Ver., 13 de julio de 2018. Los diputados locales incurren en el delito de desacato judicial al ignorar la resolución de un juez de distrito que les ordena la reforma al Código Penal de Veracruz para atender las recomendaciones de la Alerta de Género por Agravio Comparado, acusó la abogada del Observatorio Ciudadano Nacional contra el Feminicidio (OCNF), Patricia Bedoya Zamora.
La activista lamentó que en la Legislatura veracruzana haya diputados que actúan con fanatismos y con relación a sus creencias personales o sus ideologías propias, sólo los fanáticos son extremistas y quienes imponen su forma de pensar sobre otros violentando los derechos de otras personas como los sexuales y reproductivos de la mujer
En entrevista, fue cuestionada sobre el anunció que hicieron desde la Junta de Coordinación Político (Jucopo) de solicitar la revisión de la sentencia dictada por un juez de distrito en materia de la reforma al Código Penal, derivado de la recomendación emitida en la Segunda Alerta de Género por Agravio Comparado que tiene Veracruz.
“Hay un delito que se llama desacato judicial, cuando hay una sentencia que te ordena hacer algo, lo tienes que hacer como ciudadano o como autoridad y cuando no lo haces caes en la figura o se tipifica como desacato judicial y por otro lado el juicio de responsabilidad porque en su encargo tienen la obligación de respetar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”.
Señaló que lo que sigue es mantener un litigio estratégico, pues reconoce que desde el Observatorio se sabía que no sería fácil, pues para los diputados su salida es interponer la revisión de la sentencia, lo que les da tiempo a terminar su periodo constitucional.
Sin embargo, la abogada aclaró que la responsabilidad de un encargo público no se termina cuando concluye el periodo, pues trasciende en el tiempo, por lo que continuarán el litigio.
“Sí es necesario iniciar procedimientos de responsabilidad en contra de los diputados que están negando e incumpliendo con esta sentencia se hará y vamos a llegar hasta la última consecuencia jurídica”.
La abogada consideró importante que se rompa de manera integral el círculo de violencia que hay contra las mujeres, por “eso la recomendación de la Conavim de cambiar, reformar y ahora a través del amparo el Poder Judicial de la Federación nos diga que sí hay una omisión de parte del Congreso del estado lo que violenta gravemente las disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”.
Señaló que los actuales legisladores que se niegan a atender la recomendación de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres (Conavim), así como el ordenamiento del Poder Judicial pueden acusados de un desacató judicial, dejando a las mujeres veracruzanas se mantienen en el limbo jurídico porque no se resuelve su situación, ya que, recordó, la Alerta de Violencia de Género también le ordenó al Poder Ejecutivo un programa de interrupción legal del embarazo que debía estar en la Secretaría de Salud (SS) y no existe.
“Una cosa es el mundo de fantasía del que nos están hablando los legisladores y otra la vida real que están viviendo las mujeres en Veracruz. En el estado se ha insistido (por las autoridades) en no tener y si las tiene no hacer públicas las cifras desagregadas por edad, lo que sí sabemos por datos de la federación, es que el número de niñas entre 10 y 12 años embarazadas es muy alta en Veracruz y lo coloca en primer lugar a nivel nacional”, dijo.
