Es diferendo de Brexit nuevo pulso España-Reino Unido por Gibraltar

Carlos Meza. (Corresponsal). Madrid, 23 de noviembre/Notimex. La falta de acuerdo entre España y Reino Unido sobre la situación de Gibraltar, una vez que se concrete la salida de Londres de la Unión Europea (UE), es un nuevo pulso en más de 300 años de desacuerdos que protagonizan ambos países por esa colonia británica en la costa sur española.

Los gobiernos europeos apuran las negociaciones para votar el domingo en Bruselas la salida británica de la UE, proceso conocido como Brexit, que tiene este asunto como uno de los obstáculos para que esa retirada sea de forma unánime, ya que  España amenaza con votar en contra.

La petición del gobierno español busca que la declaración política del Brexit haga manifiesta que en el futuro de las relaciones de Reino Unido con la UE en todo lo que vincule a Gibraltar se cuente con la aprobación de España, algo que el gobierno británico aún no concede.

La posición del presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, es que si antes del domingo no se logra plasmar esa petición en el articulado de la declaración que se va a votar en la cumbre europea, España votará en contra del acuerdo que se presente ese día.

El diferendo protagonizado por ambos países es un nuevo pulso en los desacuerdos que desde hace más de 300 años tienen los dos países debido a Gibraltar.

El Peñón para los españoles y La Roca para los británicos, tiene una superficie de 4.8 kilómetros cuadrados, una longitud de 1.6 kilómetros y una superficie de 1.7 kilómetros, dentro de un istmo frente a la bahía de Algeciras, donde habitan más de 33 mil personas.

La posesión de Reino Unido de este espacio es consecuencia de la Guerra de Sucesión en España a inicios del Siglo XVIII, en la que participaron otras potencias coloniales, unos en ayuda del archiduque Carlos V de Austria, y otros a favor de Felipe V, que finalmente fue reconocido como rey de España.

Las fuerzas anglo-holandesas llegaron a Gibraltar en medio de esa guerra el 4 de agosto de 1704, lo que obligó a la mayoría de pobladores y autoridades a abandonar el lugar, al negarse a apoyar a Carlos V de Austria, y se establecieron en San Roque y en Algeciras.

El Tratado de Paz y Amistad de Ultrech, firmado el 13 de julio de 1713, precisa que el Reino de España cede Gibraltar a Gran Bretaña, con una cláusula de que en caso de abandono, España tomará la soberanía del lugar.

A lo largo de tres siglos han sido muchos los intentos de España por recuperar ese espacio, clave para estrategias militares y control del acceso oeste del Mediterráneo, y del paso por el estrecho que separa al continente africano, y en todos los casos ha fracasado.

En el siglo XVIII se acordó la creación de una zona neutral en el istmo entre las partes, para aligerar las tensiones, y España acusó a los británicos de ocupar en 1909 más de la mitad de 1.06 kilómetro donde levantaron la frontera y es el origen de los problemas con Reino Unido.

Gibraltar fue pieza importante para Reino Unido durante la Segunda Guerra Mundial, tanto para aprovisionamiento de buques y aviones, y para ello construyó un aeropuerto (en la parte ocupada del istmo), que España no quiso reconocer como punto de conexión con su territorio.

En 1830, Gibraltar había recibido el estatus de colonia por parte de Reino Unido; en 1946 la inscribió ante la Organización de las Naciones Unidas como territorio no autónomo, pero España planteó en 1960 el caso en el Comité de descolonización y se emitieron varias resoluciones para resolver el caso.

En 1967, Reino Unido organizó un referéndum entre los gibraltareños, que tuvo como resultado que solo el 0.3 por ciento de sus habitantes estuvo a favor de integrarse a España, y en 1969 la corona británica le concedió el estatus de Territorio de Ultramar.

Con este nuevo marco, Gibraltar obtenía competencias de gobierno, pero dejaba a Reino Unido los asuntos de Defensa y Política Exterior, y en respuesta España cerró la frontera desde 1969 hasta 1982 que el gobierno del socialista Felipe González abrió el paso peatonal.

Desde entonces, España y Reino Unido firmaron varias declaraciones para acelerar el diálogo sobre Gibraltar, tratar la situación en el marco de la Comunidad Económica Europea (CEE) después Unión Europea (UE) y entre 2001 y 2002 hablaron de la “cosoberanía” que nunca se acordó.

En respuesta a esos intentos, el gobierno de Gibraltar organizó en noviembre de 2002 un nuevo referéndum sobre la soberanía compartida, en que votaron 17 mil 900 gibraltareños en contra de esa propuesta, y solo 187 apoyaron ese plan solo hablado por José María Aznar y Anthony Blair.

En 2004, el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero planteó el Foro de Diálogo sobre Gibraltar como una iniciativa dirigida a favorecer la cooperación en beneficio de los ciudadanos del Campo de Gibraltar (la zona frontera y alrededores) y de Gibraltar, que tuvo en 2006 algunos avances.

Según el gobierno español, “el Foro quedó bloqueado como consecuencia de la insistencia por parte de Gibraltar de utilizar las conversaciones sobre aspectos técnicos y cooperación local para avanzar en sus pretensiones en materia de soberanía”.

A partir de 2012, el gobierno de Mariano Rajoy no quiso reconocer los acuerdos alcanzados por Rodríguez Zapatero, y planteó “un nuevo esquema de cooperación regional centrado únicamente en cuestiones que atañen directamente a lo relacionado a los habitantes de uno y otro lado de la frontera”.

En 2013, volvieron los problemas por un proyecto de Gibraltar que ganaba terreno al mar compartido, y que afectaba en especial la actividad pesquera en el Campo de Gibraltar, lo que puso el foco en otros problemas de la zona.

El contrabando de tabaco, el tráfico de drogas, la venta ilegal de gasolina en embarcaciones en el Campo de Gibraltar, fueron denunciados por España como de difícil solución de la falta de acuerdo y pidió a la Comisión Europea (CE) su intervención.

Los últimos episodios denunciados por el gobierno de Rajoy fueron las agresiones a los guardias civiles en el control fronterizo, debido a los estrictos controles que ejercen para luchar contra el contrabando de tabaco y otros productos.

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