Juez amplía plazo para presentar argumentos sobre programa DACA
Dallas, 08 de agosto/Notimex. Un juez federal estadunidense de Texas declinó pronunciarse sobre la legalidad del programa Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, por sus siglas en inglés), que protege de la deportación a jóvenes inmigrantes, y dio hasta el lunes próximo como plazo para que las partes involucradas presenten documentos a favor o en contra.
La audiencia encabezada por el juez del Distrito Sur de Texas, Andrew Hanen, concluyó sin que el magistrado decidiera suspender a mantener el programa de DACA, que beneficia a unos 700 mil jóvenes migrantes traídos de niños por sus padres indocumentados.
Siete estados, encabezados por Texas, interpusieron una demanda con el argumento de que el DACA es inconstitucional, por lo que exigen la eliminación del programa iniciado en 2012 por el entonces presidente Barack Obama y que protege a unos 700 mil jóvenes migrantes, conocidos como «dreamers».
Durante la audiencia, que tuvo unas tres horas de duración, el juez Hanen escuchó los argumentos tanto de la parte demandante, encabezada por el fiscal general de Texas, Ken Paxton, como de los defensores del DACA, encabezados por el Fondo Mexicano-Estadunidense para la Defensa Legal y la Educación (Maldef).
Este magistrado ya falló en 2015 contra el programa de Acción Diferida para Padres de Ciudadanos Estadunidenses y Residentes permanentes Legales (DAPA, por sus siglas en inglés), una orden ejecutiva del presidente Obama que buscaba proteger a los progenitores de los «dreamers».
Si el juez Hanen dictamina que el DACA no es válido, entraría en conflicto con otras tres resoluciones judiciales emitidas por otras cortes en Estados Unidos que se han pronunciado a favor del programa, por lo que se considera que el asunto podría terminar en la Corte Suprema de Estados Unidos.
En septiembre de 2017, la administración de Donald Trump ordenó la suspensión del DACA, la cual debía entrar en vigor el 05 de marzo pasado, sin embargo, la medida no se aplicó debido a los recursos legales que se presentaron contra la orden del presidente.
En los meses transcurridos desde entonces, tres jueces federales han dictaminado que la decisión no estaba adecuadamente justificada y ordenaron que el programa se mantenga.
