Jueza federal declara que Guerra Sucia fue terrorismo de Estado
Una jueza federal declaró que el gobierno de México cometió “terrorismo de Estado” durante el periodo histórico conocido como la Guerra Sucia, especialmente en el estado de Guerrero, donde el Ejército provocó la desaparición forzada de Rosendo Radilla Pacheco.
La jueza Karla María Macías Lovera, Juzgado Noveno de Distrito en Irapuato, Guanajuato, concedió un amparo para que se investigue la desaparición del hombre bajo esta perspectiva, algo que realizaría la Fiscalía General de la Republica (FGR). El amparo también prevé que se proceda contra diversos mandos militares que cuentan con una presunta participación, entre ellos el exsecretario de Defensa Nacional, Rosendo Radilla.
Se consideró que el Ministerio Público federal ha sido omiso en investigar dicho caso de desaparición forzada dentro del contexto de terrorismo de Estado. Señaló que eso también afecta a otras personas que fueron acusadas de pertenecer a grupos guerrilleros, hecho que ha permitido que la ciudadanía ignore lo sucedido.
“La ineptitud de la Fiscalía, demostrada en este fallo, no sólo impide el conocimiento de la verdad, sino que la oculta entre miles de fojas con información que, como se evidenció, el fiscal no consulta ni ordena, lo cual ha producido que se mantenga en la opacidad la intervención en los hechos de funcionarios de Estado del más alto nivel, constituyendo un obstáculo para la reconstrucción de la memoria histórica indispensable en una sociedad civilizada”, expresó Macías Lovera.
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En la sentencia de amparo estableció medidas de reparación, ordenadas para que las cumpla el gobierno federal, entre ellas: la Sedena deberá declarar en un plazo menor a cuatro meses como Zona de Monumentos Históricos el terreno que se usó en la década de 1970 por el Segundo Batallón de Policía Militar.
El Campo Militar Número Uno en la Ciudad de México, en el que dicho batallón realizaba sus actividades, fungió “como centro clandestino de detención y tortura”.
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Con dichos vuelos los militares mexicanos practicaban la desaparición forzada de estudiantes, campesinos, disidentes políticos y activistas sociales. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos compartió anteriormente que se mantiene abierta una investigación al respecto. Se presumen que el Ejército arrojaba cuerpos al mar, vivos o muertos.
“La declaratoria de los lugares indicados como monumentos históricos destinados a sitios de memoria no impedirá la realización de actos de investigación”, indicó la jueza.
También ordenó que se retiren los símbolos conmemorativos que enaltezcan a diversas autoridades, partícipes del terrorismo de estado.
