Yhadira Paredes. Xalapa, Ver., 04 de julio de 2018. La comisionada presidenta del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (IVAI), Yolli García Álvarez, denunció que la Fiscalía General del Estado (FGE) a cargo de Jorge Winckler Ortiz, mintió y simuló la entrega de la información relacionada con el número de desaparecidos en Veracruz.
Entrevistada posterior a la sesión de este miércoles sostuvo que la plataforma de Gobierno Abierto no está actualizada, lo que queda de manifiesto en un recurso que salió este mismo día, donde un ciudadano solicita información y el titular de la Unidad de Transparencia lo manda a la liga de esa plataforma, cuando la misma no tiene información, pues la que tiene es de 2016.
“Nosotros estamos revocando la respuesta y diciendo que en la plataforma no hay la información actualizada que se está pidiendo. Eso fue un ejercicio voluntario, no podemos obligarlo porque es información que se presenta de manera proactiva”.
En ese sentido, reprobó la respuesta y el trabajo del titular de transparencia de la Fiscalía General, donde la falta de información da cuenta que no se hizo un compromiso real por parte de la dependencia.
Esta situación, dijo, pesa mucho al IVAI, toda vez que Veracruz fue el único estado que presentó una plataforma de desaparecidos, en la que la administración tenía que subir información de las denuncias que se presentaban.
“No vamos a saber nunca si son la totalidad de desaparecidos, porque mucha gente no denuncia, lo que tenían que hacer los fiscales es que cuando recibían una denuncia de una persona desaparecida era alimentar esa página para los familiares”.
Recordó que había un reclamo de los colectivos para trabajar de manera coordinada para alimentar la plataforma y se pudieran verificar los datos y fotografías para ayudar a localizar las personas desparecidas.
Ante esta situación, más allá de actualizar la página, la Unidad de Transparencia de la Fiscalía, debe entregar la información porque le están pidiendo información que ellos resguardan.
La comisionada presidenta no descartó la aplicación de una posible infracción puede haber una multa económica, que tendrá que pagar de su propio bolsillo y ahora tiene un plazo de cinco días a partir de esta resolución para que entregue la información.
