Isabel Ortega/El Demócrata. Legisladores locales de Morena se dijeron preocupados por la carga financiera que implica al Poder Judicial, luego de que se concesionó la construcción de 21 ciudades judiciales, de las cuales solo cuatro han sido concluidas.
Ante el hecho, exhortaron al Poder Judicial del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave para que investigue, valore y determine la viabilidad de los proyectos de la Asociación Público-Privada para la construcción, equipamiento, conservación y mantenimiento de los centros de impartición de justicia.
La idea, según la propuesta de la diputada Magaly Armenta, es garantizar el derecho humano de acceso a la justicia y promover la seguridad pública del Estado, sin poner en riesgo la estabilidad financiera del TSJE.
Pidió a los representantes de la “Desarrolladora CJ I, S.A.P.I. de C.V.”, propiedad de la familia Ruiz Anitua, a que valoren ponderar el interés social y el de las obligaciones contraídas, y buscar un esquema que favorezca de mejor manera a la ciudadanía veracruzana.
Hasta la fecha, dijo, existen solo cuatro obras terminadas y entregadas: Martínez de la Torre, Papantla, Medellín y Tuxpan.
Otras cuatro están en proceso de ejecución: Naolinco (con el 98.32% de avance), Las Choapas (65.70%), Isla (31.43%) y Pueblo Viejo (25.91%).
Las restantes 12 obras proyectadas no cuentan todavía con inicio de construcción.
“De las cuatro ciudades judiciales ya terminadas, ha empezado ya la obligación de otorgar una contraprestación económica por el plazo de 300 meses, que arroja un monto mensual total, sin IVA, de más de 3 millones de pesos”.
Una vez que se terminen las otras cuatro, la cantidad total a erogar ronda los dos millones de pesos. Y de terminarse las 12 -que hoy están sin avance físico- se deberán pagar más de ocho millones y medio de pesos, lo que debería cubrirse mes con mes, durante los 25 años que establecen los contratos respectivos.
“Hacemos un exhorto respetuoso para que el Poder Judicial del Estado realice una investigación minuciosa sobre la problemática ya expuesta, en virtud de que actualmente se van a erogar recursos por poco más de seis millones de pesos mensuales en un plazo de casi 25 años por las ciudades que ya se encuentran construidas”.
Una vez que se consoliden las otras 12, se tendrían que pagar 16 millones y medio de pesos mensuales, lo que pone en riesgo la viabilidad financiera del Poder Judicial.
