Ley de Austeridad elimina derroches, afirma SFP
México/Notimex. La Secretaría de la Función Pública (SFP) se congratuló que el Senado de la República aprobara el dictamen de la Ley Federal de Austeridad Republicana, y que los legisladores retomaran los principios impulsados por esa dependencia.
Esta aprobación, sostuvo la dependencia, garantiza el derecho a una buena administración pública, al eliminar privilegios y derroches de la alta burocracia, además de reorientar los recursos a la atención de la población, sin importar su estatus socioeconómico, lugar de residencia, condición migratoria, género, preferencias sexuales, ideología o religión.
En un comunicado, la dependencia se comprometió a vigilar su correcta aplicación para hacer efectivos los principios de economía, eficacia, transparencia y honradez en la administración de los recursos públicos en beneficio de quienes más lo necesitan.
Destacó que el dictamen aprobado en lo general por más de dos terceras partes de los senadores (74 votos a favor y 29 abstenciones), incorpora la austeridad como principio conductor de la administración y eje estratégico del gasto público, visión impulsada por el Gobierno de México.
La ley elimina la contratación de seguros privados de gastos médicos, de vida o de separación individualizada o colectiva y, principalmente, evita los gastos superfluos y reorienta el gasto a las funciones sustantivas del Estado. Los ahorros se destinarán a los programas establecidos en el Plan Nacional de Desarrollo.
Para combatir la corrupción, el Senado prohibió la constitución de fideicomisos en las áreas de Salud, Educación, Seguridad Social, Seguridad Pública y Procuración de Justicia, además de cerrar espacios a los conflictos de interés, al establecer que los funcionarios no podrán trabajar en empresas que hayan regulado, hasta transcurridos al menos 10 años de separación de su cargo público.
En materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios, prioriza su adjudicación mediante licitaciones públicas. Si hubiera una excepción, deberá justificarse plenamente ante los órganos internos de control que dependen de la Función Pública.
