Llaman a aprobar iniciativa ciudadana de la Ley General de Aguas
México, 17 de septiembre/Notimex. Sociedad civil, organizaciones no gubernamentales y universidades públicas y privadas hicieron un llamado a los nuevos legisladores en el Congreso, para atender las preocupaciones que tiene la población por el abasto y privatización del agua, e instaron a aprobar la iniciativa ciudadana de la Ley General de Aguas.
Durante la inauguración de la Reunión Nacional por el Buen Gobierno del Agua, en la Rectoría General de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), el rector Eduardo Peñaloza Castro dijo que la iniciativa reafirma los esfuerzos académicos y de la sociedad civil por lograr una nueva etapa en la gestión del agua y el medio ambiente en el país.
Agregó que los objetivos del documento abordan los principales desafíos que enfrenta el nuevo marco legal, como identificar las instancias para la gestión planificada de cuencas, establecer la fundamentación científica para la toma de decisiones, asegurar las sustentabilidad y soberanía hidroagrícola, proponer alternativas a la privatización de los sistemas de agua y saneamiento, y el desarrollo de instancias e instrumentos para la defensa del derecho humano y de los pueblos a ese recurso.
Apuntó que establecer acuerdos y desarrollar propuestas en esos temas, resulta esencial para lograr una gestión planificada de las cuencas y sus afluentes, corregir distorsiones en los derechos y asignaciones de aguas, y establecer las bases de un plan de acción que frene la contaminación y revierta los daños ocasionados a los ecosistemas.
«Estos esfuerzos tendrán un mayor impacto en la medida en que más instituciones de educación superior, agrupaciones cívicas, legisladores, e instancias gubernamentales, articulemos esfuerzos para lograr el buen gobierno del agua», dijo.
La futura titular de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), Blanca Elena Jiménez Cisneros, refirió en un documento enviado, que se aprecia un gran compromiso detrás de la iniciativa.
«Puedo adelantar que estoy convencida de que la participación de los distintos sectores de la sociedad es indispensable para desarrollar una Ley General de Agua que sea funcional y efectiva para todo nuestro país durante los 10 o 30 años que estará vigente», dijo.
El futuro subsecretario de Educación Superior de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Luciano Concheiro Bórquez, precisó que la iniciativa permitirá crear una ley que conjunte y recoja las demandas de los pueblos y de los ciudadanos.
Explicó que la iniciativa «es un reclamo justo contra la privatización y políticas neoliberales que han arrancado el agua para la vida, a fin de entregarlo a proyectos de muerte a lo largo y ancho de este país, hoy este reclamo requiere de varias acciones, y las universidades debemos tener un compromiso específico que vaya más allá de nuestras investigaciones sobre la situación en la cual nos encontramos, para pasar a construir políticas públicas».
Resaltó que para ello, se requiere del acceso a la información pública, «hoy queremos tener, pero también estamos obligados a producir información, a hacerla llegar a las comunidades, hacer de la información un punto en la confluencia básica de la construcción de la democracia en México».
«Las universidades locales, estatales y federales requerimos de un compromiso directo con esta iniciativa para la transformación de México, yo me atrevo a decir que este planteamiento básico que se hace aquí de agua para la vida, es agua para la vida ligada a la cuarta transformación de México».
La Reunión Nacional por el Buen Gobierno del Agua que se realizará los días 17 y 18 de septiembre en Rectoría de la UAM, se enfocará en siete de los principales retos del nuevo marco legal e institucional, los cuales incluyen: la construcción de las instancias para la gestión planificada de cuencas; fundamentación científica de la toma de decisiones, y reorientación del sistema de concesiones de aguas nacionales.
Además, preparativos para poner fin a la contaminación, sustentabilidad y soberanía hidroagrícola, alternativas a la privatización de sistemas de agua y saneamiento, e instancias e instrumentos para la defensa del derecho humano y de los pueblos al agua.
