Morena propone reformas a ley que regula contratos público-privados
México, 12 de enero/Notimex. La diputada de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Araceli Damián González, impulsa una iniciativa de reforma a la Ley de Asociaciones Público Privadas (APP) para erradicar posibles actos de nepotismo en la asignación de contratos de proyectos público-privados.
En un comunicado, la integrante de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) opinó que desde que fue actualizada la citada ley en 2012 no ha beneficiado a toda la sociedad civil.
Resaltó que la ASF ha emitido diversos reportes sobre la opacidad e irregularidades en la operación y funcionalidad de los contratos de Asociaciones Público Privadas.
La diputada informó que presentó ante el pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión una iniciativa que modifica, adiciona y deroga diversas disposiciones de dicha legislación, con el propósito de actualizar y fortalecer su marco jurídico.
Explicó que su propuesta es que en la Ley de Asociaciones Público Privadas se indique que los proyectos tendrán una duración máxima de 20 años, con posibilidad de renovación de hasta 10 años adicionales, mediante autorización expresa de la entidad convocante.
También plantea que la erogación máxima prevista en proyectos a cargo del gobierno federal sea de 1.0 por ciento del total del Presupuesto de Egresos de la Federación aprobado anualmente por los diputados federales.
Asimismo, que en los concursos para el desarrollo de los proyectos se configuren las bases que promuevan la máxima participación posible y la libre concurrencia de aspirantes, y que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) cree un fondo presupuestario de contingencias destinado a financiar u operar los proyectos intervenidos o expropiados.
“En ningún caso el sector público será responsable por el funcionamiento ineficiente de esquemas privados de negocio implementados en el marco de Asociaciones Público Privadas, y se deberán fortalecer las penas por el incumplimiento de obligaciones del contrato de asociación”, recalcó.
El documento propone reforzar los controles existentes en la normativa, mejorar el régimen jurídico de esos esquemas, configurar un catálogo específico de sanciones aplicables a casos de corrupción e irregularidades.
También reforzar la posición del Estado y del sector público durante las diferentes fases de ejecución de las inversiones público-privadas, así como garantizar la sostenibilidad financiera a largo plazo de los proyectos de asociaciones.
