Municipio de San Andrés Tlalnelhuayocan disparó gasto en nómina

Xalapa, Ver.- El 30 de abril vence el plazo legal para que las alcaldesas y los alcaldes en funciones entreguen al Congreso de Veracruz las cuentas públicas del año 2024, el antepenúltimo de su administración municipal.
No obstante, algunos de las y los presidentes municipales tienen temas pendientes de solventar ante el Organo de Fiscalización Superior (Orfis), que es el responsable de auditar el manejo de los recursos públicos.
Tal es el caso de Fanny Alejandra Muñoz Alfonso, alcaldesa del municipio de San Andrés Tlalnelhuayocan que fue observado por el manejo del presupuesto del municipio conurbado a Xalapa.
En la revisión que hizo el ORFIS al manejo financiero del 2023, se detectó el aumento de más de un 200 por ciento en el gasto de nómina y una reducción significativa en el gasto destinado a la obra pública.
El municipio programó un ingreso y gasto de 65 millones 400 mil pesos, sin embargo, al final del mes de diciembre gastó 68 millones 476 pesos. La auditoría reveló que la tesorería generó gastos y compromisos adicionales de 1 millones 400 mil pesos a lo que se ingresó al municipio.
El municipio no logró su meta de recaudación de impuesto, pero recibió más dinero vía participaciones federales y por concepto de transferencias para subsidios y subvenciones del estado y la federación, que se destinaron a nómina.
Del dinero ingresado, se había programado el gasto de 5 millones 991 mil pesos para servicios personales (pagos de nómina y salarios), sin embargo, el Ayuntamiento pagó 13 millones 360 mil pesos, lo que implica un gasto superior en un 130 por ciento de la proyección de gastos.
Se había programado el gasto de 3 millones para materiales y suministros para la operación del Ayuntamiento y al cierre del 2023, gastaron 7 millones 653 mil pesos. En cuanto a Servicios generales, se pasó de 9 millones 610 mil pesos presupuestados, al pago de 15 millones 603 mil pesos.
Se disparó el pago de la deuda, de 276 mil pesos a 785 mil pesos, caso contrario, se bajó la inversión publica de 40 millones 315 mil pesos a solo 24 millones 15 mil pesos.
La alcaldesa también fue señalada por el hecho de que el Instituto Municipal de la Mujer (IMM)no está constituido como un Organismo Descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propio, situación que limita sus atribuciones para implementar políticas públicas a favor de las mujeres.
De igual forma, le pidieron que un porcentaje del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN), se destinen a la atención de necesidades directamente vinculadas con la Seguridad Pública.