Necesarias sanciones para quienes intenten ‘curar’ orientación sexual

México, 16 de mayo/Notimex. Tratamientos hormonales, esterilizaciones, cirugías y evaluaciones psiquiátricas, forzadas o con coerción, son algunas formas que en la actualidad aún se utilizan para pretender “corregir” la orientación sexual e identidad de género.

En un comunicado, el Consejo para Prevenir la Discriminación (Copred) de la Ciudad de México explicó que la orientación sexual, la identidad y la expresión de género son dimensiones íntimas y privadas de la personalidad, por lo que además son parte esencial del proyecto de vida de las personas.

Detalló que desde 1990, en la edición 43 de la Asamblea Mundial de la Salud, se resolvió eliminar a la homosexualidad de la lista de trastornos mentales, por lo que diversos organismos, instituciones y organizaciones civiles firmaron un pronunciamiento para denunciar los Esfuerzos para Corregir la Orientación Sexual y la Identidad de Género (Ecosig).

De acuerdo con los Principios de Yogyakarta sobre la Aplicación de la Legislación Internacional de Derechos Humanos en relación con la Orientación Sexual y la Identidad de Género, los Estados garantizarán que ningún tratamiento o consejería de índole médica o psicológica los considere como trastornos de la salud que requieren tratamiento, curación o supresión.

A su vez, organismos de protección de derechos humanos del Sistema de Naciones Unidas y del Sistema Interamericano insisten desde hace un tiempo en la necesidad de que los Estados garanticen los derechos a las personas Lésbico, Gay, Bisexual, Transexual, Travesti, Transgénero e Intersexual (LGBTTTI).

Ello, mediante la prevención de la tortura, los tratos crueles, inhumanos y degradantes, la protección a las personas de la violencia homofóbica y transfóbica.

Además de la derogación de cualquier legislación que criminalice la homosexualidad, la prohibición de la discriminación basada en la orientación sexual e identidad de género, así como la salvaguarda de la libertad de expresión, asociación y reunión pacífica para estas personas.

También explicó que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) señala que la falta de reconocimiento de la identidad de género podría derivar en violaciones de otros derechos humanos; en ese sentido ejemplificó torturas, malos tratos en centros de salud o de detención, violencia sexual, denegación del derecho de acceso a la salud, discriminación, exclusión y bullying.

Así, el organismo local detalló que en concordancia con lo anterior y en línea con la declaración de Ciudad Amigable LGBTTTI, se han emprendido diversas acciones enfocadas en eliminar la falsa creencia de mirar a la homosexualidad y a la transexualidad como trastornos que deben de ser curados.

Además, refirió que el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) emitió el año pasado un pronunciamiento que señala a las terapias de conversión como una forma de violencia y discriminación por motivos de orientación sexual e identidad de género.

Ello, aunado a que con la Secretaría de Salud federal y especialistas se expidió el “Protocolo para el Acceso sin Discriminación a la Prestación de Servicios de Atención Médica de las Personas Lésbico, Gay, Bisexual, Transexual, Travesti, Transgénero e Intersexual (LGBTTTI)”, así como Guías de Atención Específicas.

Lo anterior, expuso, para garantizar el acceso efectivo y sin discriminación a los servicios de salud de las personas LGBTTTI en los establecimientos que componen el Sistema Nacional de Salud.

“El Protocolo es claro en señalar que ninguna actividad vinculada a la prestación de servicios de salud deberá considerar como patología la orientación sexual, identidad y/o expresión de género y las variaciones intersexuales”, sostuvo.

Así, hizo ver la importancia de impulsar sanciones claras y firmes para profesionales de la salud, terapeutas e instituciones académicas que impartan o promuevan tales prácticas fraudulentas que violan los derechos humanos de estas personas.

El pronunciamiento pretende alertar sobre los peligros que conlleva la promoción y realización de esfuerzos que pretendan “corregir” la orientación sexual y/o identidad de género de las personas.

El documento fue signado por el Copred, Conapred, las secretarías de Salud y Educación de la Ciudad de México, así como el Instituto Politécnico Nacional, las universidades Insurgentes y Pedagógica Nacional, entre otras.