Niegan indemnización a motociclista arrollado por un autobús
Juan David Castilla Arcos/El Demócrata. El motociclista Luis Antonio Viveros Lara, originario del municipio de Emiliano Zapata, fue arrollado por un autobús de la línea TRS, el 3 de noviembre de 2020, tiene secuelas y hasta la fecha no ha sido indemnizado.
El joven de 29 años fue embestido por el conductor de dicha unidad cuando se encontraba en su motocicleta, en la entrada a la zona de La Cumbre, en la localidad Carrizal, pasándole por encima y causándole traumatismo craneoencefálico y varias fracturas.
Familiares, amigos y sus representantes legales protestaron afuera de la Central de Autobuses de Xalapa (CAXA), para exigir justicia en el caso.
De acuerdo con su abogada Iliana González García, la víctima logró sobrevivir y procedió legalmente contra la empresa Grupo Golfo-Pacífico, responsable de las líneas de autobuses TRS y ADO, en busca de su indemnización correspondiente.
“La denuncia es contra el grupo Golfo Pacífico, contra GNP y contra el conductor de vehículo, producto de ese accidente él sufrió traumatismo craneoencefálico severo y algunas otras lesiones, él quedó con diversos daños mentales”, expresó.
La entrevistada acusó que el conductor del camión, después de arrollar al joven, echó la unidad en reversa para “rematarlo”; sin embargo, no lo consiguió.
Por este motivo, el chofer fue denunciado en la Fiscalía General del Estado (FGE) y vinculado a proceso por su probable responsabilidad en el delito de intento de homicidio, pero continúa en libertad y ni siquiera fue suspendida su licencia para conducir.
El camionero continúa laborando de manera normal para la línea de autobuses TRS, pese a que, de acuerdo con dos peritajes realizados, carece de condiciones de salud para desempeñar su actividad, al padecer diabetes e hipertensión.
Víctor Mercado, el otro abogado de Luis, pidió la intervención de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), para que emita una recomendación en este caso.
“En materia penal se hará lo conducente, porque hay que tomar una medida cautelar más estricta para que no les tiemble la mano a la hora de resolver una suspensión de licencia, que era lo viable, porque no se vale que una persona siga trabajando y exponiendo a la sociedad”, enfatizó.
