Orfis listo para auditara grupo MAS; es la tercera revisión en 6 años
Isabel Ortega/Xalapa, Ver.- Luego de que Grupo Metropolitano de Agua y Saneamiento (MAS) se amparó contra la auditoría que ordenó el Congreso de Veracruz, la auditora general, Delia González Cobos confirmó que están listos para hacer la nueva revisión.
El 14 de junio el Congreso del estado de Veracruz pidió que se revisara la calidad del servicio del Grupo Metropolitano de Agua y Saneamiento (Grupo MAS), para lo que pidió la intervención del Órgano de Fiscalización Superior (Orfis), Secretaría de Salud de Veracruz y la Procuraduría del Medio Ambiente (PMA).
Ante esa decisión Grupo MAS había solicitado un amparo, para evitar la intervención de las autoridades estatales, sin embargo, un juez federal no atendió su petición, por lo que tendrá que realizar la revisión a fondo.
Al respecto, la auditora Delia Cobos González confirmó que había resistencia de Grupo MAS para que se revisara la concesión y los avances de inversión que se prometieron como parte de la autorización que se dio en el 2016 para prestar el servicio de agua potable a Veracruz y Medellín.
“La auditoría la iniciamos notificando la orden, sin embargo, si ha habido resistencia debido a que se amparo para evitarla y esta ese procedimiento para concluir”, explicó en entrevista.
Dijo que si bien el proceso legal va a retrasar un poco el inicio de la revisión, se tiene un año para poder concluir el trabajo que les pidió el Congreso desde el mes de junio.
La funcionaria del Orfis confirmó que en esta ocasión la revisión será a fondo, “es integral, no es sólo de legalidad, es de todo el contexto (…) de los recursos aplicados del grupo MAS”, explico.
En 2016, el Congreso de Veracruz con mayoría del PRI, entregó a una empresa filial a Odebrecht, la concesión del servicio de agua potable para los municipios de Veracruz y Medellín. A la fecha persiste por la mala calidad del servicio, por lo que diputados locales han ordenado al menos tres auditorías, con la idea de poder encontrar deficiencias para revertir la concesión.
Si se rescinde el contrato se tendrían que pagar al menos 3 mil 500 millones de pesos a la empresa, para regresar a los municipios la rectoría del servicio. Es la tercera ocasión en la que se ordena una auditoría con la idea encontrar deficiencias o incumplimiento de la empresa para revertir la concesión.
