Isabel Ortega, Xalapa, Ver. –La televisora estatal, Radio Televisión de Veracruz (RTV) y el área de comunicación social del gobierno del Estado, hicieron caso omiso de los requerimientos que le hizo el Organismo Público Local Electoral (OPLE), luego de la trasmisión del inicio de precampaña de Rocío Nahle García, quien aspira a ser gobernadora del Estado.
La comisión de Quejas y Denuncias del OPLE dio seguimiento a las quejas que presentaron los partidos Acción Nacional y Movimiento Ciudadano en contra de Rocío Nahle García, precandidata a la gubernatura por la coalición “Sigamos Haciendo Historia en Veracruz».
Los dos partidos plantearon que se hizo uso de recursos públicos, concretamente por la transmisión en vivo del pasado 02 de enero del inicio de su precampaña que hizo Radiotelevisión de Veracruz (RTV), sin embargo, no presentaron elementos suficientes para acreditar algún delito electoral.
El 2 de enero del 2024, la televisora estatal transmitió el inicio de precampaña de la candidata única de Morena, Rocío Nahle García, desde el municipio de Coatzacoalcos, residencia de la zacatecana. RTV envió equipo para hacer un en vivo del evento político.
La Comisión de Quejas y Denuncias del Organismo Público Local Electoral concluyó que las partes quejosas no aportaron las pruebas necesarias para acreditar plenamente el hecho denunciado.
Los partidos solicitaron imponer la medida cautelar de que RTV se abstuviera de transmitir los eventos de precampaña de Rocío Nahle García y/o de diversas fuerzas políticas y el retiro de la liga electrónica de transmisión del evento partidista.
Los consejeros explicaron que el escrito de queja que analizaron se funda, entre otras cosas, en la acreditación del uso indebido de recursos públicos y para estar en condiciones de adoptar una determinación jurídica concreta sobre la conducta denunciada, es necesario hacer un análisis exhaustivo, integral y ponderado de los derechos y libertades en juego, lo que excede el ámbito de competencia de la Comisión de Quejas y Denuncias.
Argumentaron una sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la que sostiene que para la acreditación del uso indebido de recursos públicos debe estar plenamente acreditado, “cuestión que resulta materialmente imposible de acreditar”.
