Juan David Castilla.- Colectivos ambientalistas de Veracruz pidieron a la Cámara de Diputados federales que sometan a discusión y avalen la nueva Ley General de Aguas Nacionales con el objetivo de garantizar el derecho humano.
La investigadora y activista, Luisa Paré, enfatizó la importancia de la planeación en la gestión del agua, el reconocimiento de derechos de pueblos indígenas y la defensa del derecho humano al agua, considerando las irregularidades en concesiones y su impacto en comunidades y núcleos agrarios.
“Desde cada región del país, para consensuar estrategias que eviten el sobreconcesionamiento y el despojo del agua a los pueblos, comunidades y ejidos, así como la proliferación de tomas y pozos profundos clandestinos que resultan en la violación sistemática de nuestros derechos humanos y colectivos”, expresó.
Cabe recordar que la Ley de Aguas Nacionales tiene como objetivo regular el uso, distribución y control de las aguas nacionales, así como preservar su calidad y cantidad.
Sin embargo, durante los últimos años se ha detectado una serie de anomalías que representa una amenaza para la naturaleza y las comunidades.
“Confiamos en que el acuerdo nacional incluirá el reconocimiento de los derechos al agua de los pueblos indígenas y afromexicanos en el contexto de las reformas al artículo 2 constitucional, así como los derechos de los núcleos agrarios, los cuales fueron inconstitucionalmente desconocidos por la ley de aguas nacionales expedida en 1992 y vigente hasta la fecha”, añadió.
Luisa Paré señaló la necesidad del reconocimiento jurídico como sujeto de derecho público de los sistemas comunitarios de agua que históricamente han garantizado el acceso al recurso natural de miles de pueblos y comunidades en todo el país.
“Así como el apoyo del gobierno federal para que se evite la discriminación, hostilidad e intentos de desaparición de instituciones por parte de los gobiernos municipales. Afirmamos que los sistemas están realizando funciones con medio millón de pesos de inversión, que el estado no cumple el abastecimiento de agua en zonas rurales y periurbanas y, por lo tanto, requieren ser reconocidos como sujetos colectivos de derecho público”, increpó.
