Presidente chileno colaborará con justicia en caso de fondos ilegales
Santiago, 10 de julio/Notimex. El gobierno chileno confirmó hoy que el presidente Sebastián Piñera colaborará con la justicia como testigo en el llamado Caso SQM, que investiga el financiamiento irregular entregado por esa empresa minera a campañas políticas.
La ministra secretaria general de Gobierno, Cecilia Pérez, dijo a periodistas que Piñera fue llamado a colaborar en calidad de testigo en el caso SQM «y tal como lo hizo en tiempos pasados, en el mismo caso y, como lo hacen todos los chilenos frente a la igualdad ante la ley, el presidente va a colaborar con la justicia».
El caso involucra a la Sociedad Química y Minera de Chile (SQM) y el supuesto financiamiento irregular que sus directivos brindaron a políticos, y es investigado por el fiscal Pablo Gómez, quien el lunes presentó una acusación contra 16 personas.
Entre los imputados por delitos tributarios figuran el senador democristiano Jorge Pizarro, el exsenador independiente Fulvio Rossi, y el excandidato presidencial progresista Marco Enríquez-Ominami.
Además de Piñera, Gómez citó a declarar como testigo al exministro del Interior Rodrigo Peñailillo, quien ejerció esa cartera entre marzo de 2014 y mayo de 2015, durante la administración de la presidenta Michelle Bachelet (2014-2018).
Según medios locales, el fiscal llamó a declarar como testigos a unas 600 personas, incluidos políticos del oficialismo y la oposición, y entre ellos a exministros y exlegisladores que habrían conocido de los aportes irregulares.
SQM, que se dedica a la extracción y procesamiento de litio, salitre y potasio en el norte del país, habría recibido «boletas ideológicamente falsas» por parte de personas que simularon haber prestado servicios a la minera para justificar la salida de recursos a campañas políticas, tanto de la derecha como de izquierda.
La investigación busca determinar además, entre otras acusaciones, si hubo políticos que favorecieron a SQM durante la tramitación de la llamada Ley de Royalty, que obliga a las empresas privadas que hayan recibido una concesión del Estado a pagar regalías.
