Pronto sabrás si puedes usar marihuana como recreación

Carlos Guzmán/Notimex/México. La Secretaría de Salud y la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) acatarán a cabalidad la sentencia emitida en el amparo en revisión 57/2019, por la que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ordena armonizar las disposiciones en el uso terapéutico del cannabis y sus derivados.

Asimismo, esta dependencia cumplirá el ordenamiento de la Segunda Sala, de garantizar que se le brinde el tratamiento médico integral que requiere el menor involucrado para su padecimiento, en absoluto respeto al derecho humano de protección de la salud por parte del Estado mexicano.

Cabe mencionar que inició el trabajo coordinado entre las áreas involucradas de la Secretaría de Salud, como son la Oficina de la Abogada General, la Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), la Comisión Nacional contra las Adicciones (Conadic) y los Servicios de Atención Psiquiátrica (SAP).

El presidente de la Comisión de Justicia del Senado de la República, Julio Menchaca Salazar, informó que a mediados de septiembre se tendrá el dictamen de la iniciativa para regular el uso de la cannabis para fines recreativos, de producción y su comercialización.

En conferencia de prensa detalló que tiene que ser así porque, a finales del mismo mes, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declarará  anticonstitucionales cinco artículos de la Ley de Salud relacionados con el tema.

Señaló que ante la inminente declaración sobre el uso de la cannabis, el Congreso de la Unión debe establecer reglas y condiciones para que eso se dé en un proceso ordenado. “No nos queda de otra, se va a declarar inconstitucional la prohibición.

«La SCJN establece que se antepone el derecho humano al libre desarrollo de la personalidad del individuo. Hay dos opciones, o el Congreso le entra a regular o que cada quien haga lo que quiera, que cada quien siembre sin normas, sin políticas públicas para evitar la adicción, que se vea como cualquier producto”, puntualizó.

Esa no es la intención, los senadores le “entrarán al tema”, dijo y confió en que la sociedad mexicana esté suficientemente madura para este y otros asuntos, y enfatizó que esta legislación es sólo para cannabis, ninguna otra droga más.

Añadió que poner orden, establecer reglas del juego y sacar el tema de lo clandestino deberá permitir, como con otros productos (tabaco o alcohol), que el consumo sea una decisión personal e informada del daño que causa, para que quien quiera consumirla lo haga sin el riesgo de que está cometiendo un delito.

La regulación del uso lúdico de la cannabis debe tender a inhibir la violencia y la inseguridad en el país, aunque no será un proceso en automático; es decir en octubre próximo, de aprobarse en las dos cámaras, ahí no se acabaría el problema de inseguridad ni de violencia, pero se tendrá el instrumento jurídico para que así sea, opinó.

“Lo que vamos a hacer en el Congreso es dar al Estado mexicano los instrumentos para que esto pueda ir avanzando, serán otras instituciones, particularmente del Poder Ejecutivo, las que darán curso a las valoraciones”.

Menchaca Salazar informó que las cifras de ganancia por comercialización de cannabis son especulación, pues no hay estudios concretos, pero se estiman ingresos anuales de 30 mil millones de dólares.

Indicó que uno de los retos del Legislativo es dar trámite a ocho iniciativas que se han presentado, para que el Estado Mexicano deje perfectamente claro las condiciones de producción, distribución y combate a las adicciones.

El Senado inició la ruta para legislar en este tema mediante el ejercicio de Parlamento Abierto llamado “Café temático rumbo a la regulación del cannabis”, realizado los días 12, 14 y 16 de agosto de 2019.

Finalmente, explicó que en estas mesas se pretende atender el panorama completo, desde la producción, donde se encuentran los campesinos, el sector más desprotegido; hasta el ingreso que el Estado mexicano podría tener derivado de su comercialización.

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