Propone Imco nuevo marco legal para evitar opacidad en obras estatales
México, 18 de abril/Notimex. El director general del Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco), Juan Pardinas Carpizo, afirmó que para garantizar el buen desarrollo de la obra pública a nivel estatal es necesario un marco jurídico de calidad, así como garantizar el cumplimiento de las leyes.
“Sin un buen marco jurídico es imposible el desarrollo de obra pública que cumpla con altos criterios técnicos, operativos y presupuestales”, sostuvo Pardinas Carpizo durante la presentación del Índice Legal de Obra Pública del organismo.
El estudio arrojó que las entidades federativas en México «tienen abiertas las puertas» a la opacidad y la discrecionalidad en materia de obra pública, e incumplen con las condiciones mínimas para garantizar su buen desarrollo.
El director Jurídico del Imco, Ricardo Corona, informó que ninguna de las 15 legislaciones estatales evaluadas tiene los criterios mínimos en materia técnica, operativa y presupuestal, para garantizar el desarrollo de la obra pública.
Señaló que para analizar la calidad de las leyes estatales que regulan la obra pública, el Imco desarrolló un método cuyas fuentes de información fueron solicitudes de acceso a la información y sitios electrónicos oficiales.
Detalló que su Índice Legal de Obra Pública contiene 24 indicadores desagregados en 144 criterios mínimos y siete ejes transversales: competencia, finanzas públicas, fiscalización, planeación, responsabilidades administrativas, tecnologías de la información y transparencia.
Corona informó que de acuerdo con los resultados del Índice, ninguna de las 15 entidades federativas evaluadas cumple con los elementos mínimos que «cierren las puertas» a la opacidad y discrecionalidad en el manejo de la obra pública
“Sin leyes claras y completas siempre habrá espacios para la discrecionalidad y la opacidad en la obra pública”, precisó al revelar que de los resultados del Índice, ningún estado cumple con el 100 por ciento de las condiciones mínimas.
Así, ningún estado analizado cumple con los criterios de realizar investigación de mercado previo al concurso; incorporar prácticas que fomenten la competencia; contener excepciones razonables a la licitación pública; permitir modificaciones al contrato solo por debajo de 10 por ciento; digitalizar y publicar la información desde la planeación hasta la ejecución de la obra, ni conservar la información por lo menos ocho años.
El directivo consideró necesario revisar la legislación estatal vigente como un primer paso para contar con un marco jurídico para el desarrollo de obra pública que cumpla con altos criterios técnicos, operativos y presupuestales.
Comentó que en la actualidad la planeación y seguimiento de la obra pública es deficiente, lo que provoca discrepancias entre los recursos presupuestados y ejercidos en el rubro de infraestructura.
Así, tan solo en 2016, cinco entidades excedieron su presupuesto en infraestructura en más de 100 por ciento, mientras que siete entidades recortaron su gasto en más de 50 por ciento
De los siete ejes evaluados, solo tres tienen una calificación aprobatoria: finanzas públicas (61.2 por ciento), fiscalización (71.3 por ciento) y planeación (66.1 por ciento). De esta manera, cuatro tienen un cumplimiento reprobatorio: competencia (38.8 por ciento), responsabilidades administrativas (52.3 por ciento), tecnologías de la información (39.7 por ciento) y transparencia (50.7 por ciento).
Pardinas Carpizo señaló que las propuestas del Imco para contar con leyes estatales claras y completas en materia de obra pública son publicar el marco normativo vigente y regular la actuación del mayor número de entes públicos y privados.
Además, utilizar plataformas electrónicas para el desarrollo no presencial de los procedimientos, la publicación de toda la información relacionada con la obra pública, y habilitar padrón de contratistas para agilizar los procedimientos.
Para asegurar la mejor oferta, el director general del Imco aconsejó exigir para todos los casos la realización previa de investigación de mercado, proyectos y estudios, y autorización de recursos, así como eliminar barreras a la participación con base en criterios geográficos y ventajas indebidas por criterios de localidad, entre otras medidas.
