Proponen reformas en materia de parlamento abierto enfocadas a la transparencia y rendición de cuentas
Ciudad de México. El diputado Itzcóatl Tonatiuh Bravo Padilla, coordinador del grupo parlamentario de MC, impulsa reformas a la Ley Orgánica del Congreso General, a fin de que ambas cámaras adopten medidas en materia de parlamento abierto, enfocadas principalmente a la transparencia, acceso a la información, rendición de cuentas, máxima publicidad, participación ciudadana y ética de integrantes, así como difusión de trabajos legislativos.
La iniciativa, suscrita por todos los integrantes de MC, refiere que en la última evaluación de Alianza para el Parlamento Abierto, publicada en 2017, se identificó que ninguna de las 32 entidades federativas cumple todos los principios del parlamento abierto, y sólo dos obtienen calificaciones superiores a 60 por ciento (Guanajuato y Chihuahua). El resto de los congresos obtuvo un promedio por debajo de este porcentaje.
Ante ello, plantean modificar el citado ordenamiento para establecer que deberán ser públicas las reuniones de la Mesa Directiva, de la Junta de Coordinación Política y de las comisiones legislativas de las cámaras de Diputados y de Senadores.
En este aspecto también se involucran las reuniones de la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos, en la Cámara de Diputados.
Se propone que los grupos parlamentarios sean responsables del uso y ejercicio de los recursos que se les asignan, con apego a los lineamientos establecidos en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
En ambas cámaras tendrán que ser públicos el programa legislativo de cada periodo, las agendas y los calendarios de sesiones. Deberán elaborar un programa anual de parlamento abierto, que contenga los lineamientos generales sobre apertura, publicidad, participación ciudadana y rendición de cuentas (en la Cámara de Diputados lo elaborará la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos, y en el Senado de la República, la Junta de Coordinación Política).
La información financiera y del ejercicio presupuestal se publicará en datos abiertos; las secretarías generales de ambas cámaras tendrán la obligación de velar que se cumplan los lineamientos en materia de transparencia internos.
Propone crear un capítulo específico en materia de parlamento abierto donde se delinea el catálogo de los principios rectores que deberán seguir los integrantes de ambas cámaras.
En los nombramientos y las designaciones a cargo de las cámaras, éstas deberán procurar, en el marco de la legislación aplicable, realizar y transparentar las audiencias y comparecencias públicas con los aspirantes, foros de consulta con la sociedad civil especializada e instituciones académicas y evaluaciones o exámenes de conocimientos.
Las comisiones legislativas deberán incorporar procesos de parlamento abierto en el análisis y dictamen de las iniciativas de leyes y los decretos que les sean turnados, considerando la participación de la sociedad civil o las instituciones especializadas.
Los legisladores expresaron su convicción de que la adopción de prácticas de parlamento abierto abonará al mejor desempeño del Poder Legislativo y a reconstruir los lazos de confianza con los ciudadanos.
Consideraron que varios de los avances institucionales registrados en el país en materia de transparencia, rendición de cuentas, acceso a la información o participación ciudadana han encontrado un poco de resistencia o lentitud en el Poder Legislativo, tanto federal como de las entidades federativas.
En materia de participación ciudadana los congresos tienen rezagos, al carecer de mecanismos formales para incluir a la sociedad civil en los procesos legislativos, aunque han existido experiencias exitosas como la aprobación de las leyes del Sistema Nacional Anticorrupción, durante la LXIII Legislatura, con la participación activa de organismos de la sociedad civil, subrayaron los diputados.
En México, en septiembre de 2014 se presentó la Alianza para el Parlamento Abierto, integrada por una docena de organizaciones de la sociedad civil y dedicada a evaluar las prácticas de este modelo en nuestro país, así como a promover el diseño de estas prácticas tanto en el ámbito nacional como subnacional. Este colectivo, agrega la iniciativa, delineó los elementos que identifican a un parlamento abierto.
La iniciativa fue turnada a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias para su dictamen.
