Isabel Ortega/Xalapa, Ver.- La organización civil CEMDA anunció que los proyectos mineros de los municipios de Alto Lucero y Actopan serán frenados por la justicia federal, que revocó algunos permisos de exploración que habían sido otorgados.
En un comunicado, informaron que en el mes de septiembre un juez federal otorgó la suspensión definitiva de cuatro de las 24 concesiones mineras que autorizó la Secretaría de Economía en Actopan y Alto Lucero.
El amparo fue interpuesto desde el 25 de agosto por habitantes de dichas comunidades quienes consideran seriamente vulnerados sus derechos humanos a la vida digna, a un medio ambiente sano, al acceso al agua y a la participación en la toma de decisiones por la existencia de las concesiones mineras.
Se valoró que las actividades mineras en esta región representan graves afectaciones que ponen en riesgo el proyecto de vida de las comunidades, la cual está basada en el manejo de múltiples ecosistemas y en los beneficios ambientales que éstos proporcionan. La minería también es una amenaza al derecho al agua, ya que debido a la explotación de los recursos hídricos que requiere, deja a las comunidades en una situación de extrema vulnerabilidad ante la crisis hídrica y climática existente.
En el comunicado se menciona que están en revisión otras 20 concesiones que también forman parte de este distrito minero, se espera que en las próximas semanas se suspendan también sus efectos, permitiendo salvaguardar los derechos de las comunidades al evitar que se produzcan daños irreparables en esta región.
El distrito minero presenta un riesgo inaceptable para la población adyacente por la cercanía con la Central Nucleoeléctrica Laguna Verde, el paso de líneas eléctricas de alta tensión, los ductos que transportan hidrocarburos y los eventos meteorológicos típicos de las zonas costeras.
La industria extractiva tendría un impacto irreversible en la integridad de los socioecosistemas costeros únicos dónde se encuentran plantas endémicas milenarias y una zona de tránsito de aves rapaces.
Sumado a esa resolución, detalla el boletín, el pasado 8 de septiembre, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) negó la autorización al proyecto “Exploración mediante Barrenación a Diamante Caballo Blanco 1”.
La solicitud fue promovida por la empresa Minera Caballo Blanco, S.A. de C.V. a través de un informe preventivo y no mediante una Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) para iniciar el Procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental (PEIA).
La petición se negó, en base a la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente (LGEEPA) y la NOM-120-SERMANAT-2020, que establece que no es posible realizar el tipo de actividades promovidas por el proyecto en la zona climática cálida que predomina en la región.
La asociación destacó que la negativa al proyecto minero de Caballo Blanco representa un precedente importante en el resguardo de los ecosistemas y su vínculo con las personas que habitan en esta región.
Finalmente pidieron a las autoridades judiciales correspondientes que se mantenga la protección de los derechos humanos de las comunidades ante los riesgos que representan las actividades mineras.
