Yhadira Paredes/Xalapa, Ver.- La magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura en Veracruz, Lisbeth Aurelia Jiménez Aguirre reconoció que existe corrupción al interior de este poder, mismo que se está combatiendo.
En el primer informe de actividades al frente del Poder Judicial, donde estuvo presente Cuitláhuac García Jiménez, gobernador del Estado, dijo que estas práctica se estan sancionando.
Y es que, dijo, se trata de un fenómeno arraigado, por lo que al llegar al cargo supo que era primordial que encararlo.
“El primer paso para resolver esta problemática era reconocer que esta institución no estaba exenta de las malas prácticas, que laceraba la impartición de justicia en la entidad. Afortunadamente, el común denominador de las y los empleados judiciales es la honestidad; no obstante, era necesario fortalecer los mecanismos de vigilancia, control y disciplina para reivindicar nuestra imagen”.
En su mensaje informativo, refirió que se han realizado 35 sesiones ordinarias y 184 extraordinarias, que desencadenaron, entre otras cosas, en 192 Procedimientos Administrativos Sancionadores, de los cuales se resolvieron 165, responsabilizando a 36 servidores públicos.
Ahí recordó que se diseñó un plan de trabajo compuesto de tres ejes fundamentales: combate a la corrupción, modernización y profesionalización, así como acercamiento de la justicia, lo que permitió una profunda transformación.
Se efectuaron visitas judiciales y recorridos en los 21 Distritos Judiciales del Estado, contabilizando 38 visitas de atención directa a servidores públicos y justiciables.
Además, en este primer año de ejercicio se crearon los Micrositios en materia de Personas Desaparecidas, Protección Civil y Transparencia, con las cuales se garantizan condiciones de accesibilidad a todas las personas.
“Hoy en Veracruz, el acercamiento de la justicia es una realidad y respuesta a las necesidades sociales”.
En materia administrativa, destacó que se realizaron diversos ajustes como la disminución del gasto mensual en un 24 por ciento en combustible; 23 por ciento en traslados y viáticos; 52 por ciento en consumo de alimentos; 63 por ciento en eventos; y 92 por ciento en compras relacionadas con suministros.
“Sumado a lo anterior se cancelaron 10 contratos para la construcción de Ciudades Judiciales bajo el esquema APP´s”.
