Yhadira Paredes/Xalapa, Ver.– Con un presupuesto de alrededor de 18 millones de pesos el Sistema Estatal Anticorrupción del Estado de Veracruz se ha convertido en una oficina de realización de políticas públicas contra la corrupción y la defensoría de derechos humanos.
La secretaria ejecutiva del sistema, exdiputada local y quien llegó al cargo sin contar con el perfil y tuvo que tener una dispensa de ley de la Legislatura Local para asumirlo, Adriana Paola Linares Capitanachi, hizo guardia de honor en el monumento a Don Miguel Hidalgo y Costilla, de donde trató de huir de los representantes de la prensa.
Cuestionada en torno a las quejas de actos corrupción, seguimiento a denuncias ante la Fiscalía Especializada, se limitó a reconocer que no llevan ninguna de estas acciones.
«El Sistema Estatal Anticorrupción se dedica a dar apoyo técnico en la elaboración (…)
Estamos elaborando una guía y un proyecto de transversalización de estas políticas para que la corrupción sea eliminada, se respeten derechos humanos, se tenga un parlamento abierto”.
Destacó que el plan de implementación se divide en tres etapas, y que Veracruz está en la primera etapa y se sesionará para mostrar el avance, después vendrá la segunda etapa de transversalización.
La exdiputada local refirió que las denuncias por actos de corrupción deben acudir a la Contraloría General del Estado, el Poder Judicial, entre otras instancias, incluido el IVAI.
“Los encargados de recibir denuncias son las fiscalías, hay que checar la ley. El sistema y la Secretaría ejecutiva son los encargados de dar apoyo técnico, la realización de insumos y asesorías”, finalizó.
